El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha imputado por presunta malversación al que fuera director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, después de que un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera que el ex empleado fue un "trabajador fantasma o intruso" en la sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria, cuyas irregularidades en la concesión de préstamos e inversiones están siendo investigadas.

En una providencia, el juez ha acordado citar a Juan María González a declarar como imputado el 20 de octubre, día en que también declararán el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director de Formación Cristóbal Cantos, y el ex director financiero Antonio Nieto, todos ellos ya imputados en la causa de Invercaria.

En la resolución, el magistrado ha ordenado además que se abra una pieza separada en relación con el área de personal de Invercaria, la sexta que abre tras las relacionadas con la causa principal y las relacionadas con la empresas Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), Operadores Aéreos Andalus (OAA), Fumapa, y Juana Martín. El juez ha acordado asimismo que se libre oficio a la sociedad pública de capital riesgo para que remita el expediente personal completo de Juan María González, de Cristóbal Cantos y de una tercera persona, Jamie Lynn, que en su día fue nombrada por una auditora de la Cámara de Cuentas como secretaria personal del entonces presidente de la Junta Manuel Chaves. Invercaria aseguró que esta trabajadora “jamás” fue secretaria de Chaves y añadió que "prestó su servicio a tiempo completo" en el Observatorio de la Innovación, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por lo que "no estaba en su casa", como también señaló la auditora en su declaración ante el juez.

En el informe policial, que ha analizado las indemnizaciones y finiquitos de 13 trabajadores de Invercaria, la Policía concluye que el sobrino de Felipe González y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos –que denunció el caso y también está imputado- firmaron un contrato como directo de promoción, coincidiendo ambos con el mismo contrato desde el 1 de noviembre de 2005 al 10 de octubre de 2007, por lo que, a juicio policial, "necesariamente debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva en la empresa". Para la Policía, uno de esos contratos "es falso o bien ambos compartieron el cargo".

El informe añade que con motivo de la extinción de la relación laboral de Cristóbal Sánchez y Juan María González, Invercaria "condonó" los préstamos que les habían sido otorgados incluyendo en la última nómina, antes de dicha extinción, "cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes", que en el caso del sobrino del ex presidente del Gobierno era de 26.500 euros, superior al "máximo establecido" en el III convenio de los trabajadores de Invercaria, que fijaba un préstamo máximo de 15.000 euros.

Dice el informe del grupo de Blanqueo que Juan María González Mejías fue contratado el 1 de julio de 2005 como director de Promoción de Invercaria, con un sueldo de 61.000 euros, incluidos todos los conceptos salariales. El 10 de octubre de 2007, el sobrino de Felipe González remitió un correo al presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y al director financiero, Antonio Nieto, en el que comunicaba su intención de causar baja con fecha de ese mismo día. En ese correo, en tono de cordialidad, Juan María González decía lo siguiente: "Os agradezco los momentos y lecciones que me habéis brindado".

El finiquito que se le pagó y la nómina de octubre de 2007 ascendió a 26.540,08 euros, que incluía la cancelación de un préstamo por importe de 26.500 euros. La nómina, que correspondía a sólo diez días, incluía el pago de 14.714,29 euros en concepto de horas extras y 15.848,82 euros como finiquito, lo que hace un total de 26.540,08 euros, lo que coincide con el préstamo concedido. Para los investigadores policiales, del análisis de estos datos "se infiere que a Juan María González le fue concedido un préstamo por Invercaria por una cuantía superior a la establecida en el III convenio" y además el importe abonado en concepto de horas extras y finiquito "sin ningún soporte documental de ambos conceptos, es realmente para la condonación de dicho préstamo otorgado con dinero público procedente de Invercaria".

La Policía señala asimismo que en la declaración como testigo de Juan María González, que tuvo lugar el 22 de enero de 2013, éste aseguró que su relación con Invercaria comenzó con su contratación como ejecutivo en marzo de 2010, "omitiendo su relación anterior con Invercaria", advierte la Policía, que insiste en que cotizó como trabajador de Invercaria entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007 según los datos recabados en la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Juan María González, que fue contratado como director de Promoción de Invercaria, llegó a ser presidente de la sociedad de capital riesgo durante unos meses, entre los mandatos de Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, ambos imputados en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Sobre Cristóbal Cantos, el informe destaca que fue contratado el 1 de noviembre de 2005 como director de Promoción, con un salario de 52.000 euros y se dio de baja voluntaria el 30 de junio de 2008. Al igual que con el sobrino de Felipe, la Policía concluye que le fue concedido un préstamo por parte de Invercaria por una cuantía de 17.962,53 euros, "superior a la establecida" en el convenio, y en la última nómina percibió un complemento de destino por otros 12.960 euros, un pago "desconocido en otras nóminas", lo que permite deducir a la Policía que esta cuantía es "realmente para la condonación de dicho préstamo, otorgado con dinero público procedente de Invercaria".

El informe también analiza las indemnizaciones percibidas por el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y en este sentido concluye que la carta de despido, el acuerdo transaccional y la carta de reconocimiento de la improcedencia del despido  "estaban previamente pactados, o bien se trata de documentos postdatados" puesto los tres escritos coinciden en las fechas -30 de septiembre de 2010- y en los intervinientes.

Pérez Sauquillo percibió una indemnización de 24.750 euros -20 días de salario por año de servicio- y otros 18.150 euros por la improcedencia del despido –cantidad que corresponde a la diferencia entre la indemnización de 20 días y los 34 días de salario por año de servicio reconocidos seguidamente-, en un documento que firmaron el propio Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto. Para la Policía, las indemnizaciones por despido de Pérez-Sauquillo y de Óscar Fernández Vicioso –contratado como Director Cade con un salario de 76.000 euros-, "se aumentan considerablemente el mismo día en que se comunica a los interesados, presentando la apariencia de estar pactados previamente".

El que fuera director de Promoción de Invercaria, Juan María González Mejías negó recientemente que fuese un "trabajador fantasma o intruso" en la sociedad pública de capital riesgo. Juan María González hizo público un comunicado en el que asegura que "jamás" durante su carrera profesional "ha percibido retribuciones sin haber desempeñado su labor profesional". El ex director de Promoción de Invercaria reconoció que entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007 ocupó dicho cargo, pero aclara que prestó sus servicios en el "Observatorio de Empresas de la Consejería de Innovación de la Junta, "algo perfectamente legal y de conocimiento público", aseveró González, que añadió que en Invercaria había dos directores de Promoción "al igual que existían varios directores de inversión o analistas, concepto igualmente utilizado no desde el punto de vista competencial sino retributivo". La legalidad de su cargo quedó, continúa el comunicado, "claramente reflejada por la Cámara de Cuentas en su informe de Fiscalización de Invercaria" del ejercicio 2007, donde se recogía la existencia de un caso similar.