La Audiencia reabre el caso de las llamadas eróticas del exalcalde de Castril Juan Mar

Tribunales

Ha aceptado el recurso presentado por la acusación que ejerce el Ayuntamiento y acordado que continúe la tramitación de la causa seguida en un Juzgado de Huéscar por presunta malversación

Al que fuera primer edil se le acusa de haber realizado llamadas eróticas desde un teléfono municipal durante su etapa en el Consistorio

El exalcalde de Castril, Juan José López Ródenas (Juan Mar)
El exalcalde de Castril, Juan José López Ródenas (Juan Mar) / G. H.
Noelia Gómez Mira

30 de mayo 2019 - 14:31

Granada/El que fuera alcalde de Castril de la Peña Juan José López Ródenas (PSOE), conocido como Juan Mar, se enfrenta a otro varapalo judicial, ahora por un capítulo que él ya creía cerrado: las famosas llamadas eróticas que habría realizado desde un teléfono municipal por las que se acusa de malversación. Pese a que a finales de octubre del pasado 2018, el Juzgado de Instrucción Único de Huéscar decidió archivar dicha causa por "no quedar acreditado que el exalcalde socialista firmara un consentimiento para contratar contenidos eróticos desde la línea de teléfono móvil que pagaba el Ayuntamiento", la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha admitido el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento. Así se recoge en un auto fechado el pasado 16 de mayo al que ha tenido acceso Granada Hoy, en el que se ordena "continuar la tramitación de la causa".

Hace unos días, el Juzgado de Instrucción Único de Huéscar procesaba, acusado de malversación, al exalcalde de Castril Juan Mar por pagar con dinero público viajes en taxi -entre enero 2007 y junio de 2011 se gastó cerca de 47.000 euros y luego firmó la autorización de pago de esas facturas- con fines personales. Ahora a Juan Mar se le suma una nueva causa judicial por otro delito de malversación, esta vez, por haberse gastado más de 1.500 euros en llamadas eróticas que habría realizado entre 2008 y 2011 a través de dos líneas de teléfono municipales.

Según alegó Juan Mar en su momento, lo ocurrido era "que había sido víctima de una estafa", así como de una "persecución" hacia él. Sin embargo, tal y como se recoge en el recurso presentado por el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, todo lo contratado "reunía los términos de contratación, los cuales debían ser aceptados por ser requisito indispensable. Esto confirma que el usuario sabía lo que contrataba".

Ante ello, y entre otras cuestiones que conformar las 26 páginas de recurso que finalmente ha sido admitido por la Audiencia, la acusación mantiene que los hechos podían integrar un delito de malversación de caudales por parte de Juan Mar. Si bien, sí que se queda fuera de la causa el que fuera concejal de Castril Antonio García, que en un principio sí que fue investigado.

Asimismo cabe destacar, no se trata del único proceso judicial al que ha tenido que hacer frente por su etapa como socialista al frente del Ayuntamiento de Castril. Sin embargo, mientras que otras aún están abiertas, hasta el momento ya ha sido probada al menos una de estas causas que se le imputan.

Tal es así, que el pasado febrero Juan Mar fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación, al haber facilitado la concesión de una subvención pública a su prima hermana para rehabilitar su vivienda, cuando no reunía los requisitos.

Además, López Ródenas tiene abiertas otras causas como aquella en la que se investiga su gestión al frente del centro Saramago de Castril, cuya investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, desveló un total de 246 operaciones económicas "sin justificar", que suponen un importe superior a los 270.000 euros, así como el "pago masivo de nóminas a 10 de las 26 personas" que trabajaban en la entidad, "justo un mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011 y, por tanto, que él cesase como alcalde.

Durante los últimos meses también ha tenido que comparecer ante el juez por la compra de las famosas 'marraneras', un local anexo al Ayuntamiento, compra de la que se investigaba su legalidad. Si bien, esta causa se tornó a favor del exalcalde de Castril, después de que la Audiencia entendiese que el procedimiento se ajustó a la normativa, por lo que en noviembre del 2018 fue absuelto de prevaricación y malversación.

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