Granada

El Ayuntamiento cifra en 28,5 millones el 'pufo' urbanístico en la etapa del PP

  • El concejal de Urbanismo sostiene que este dinero va con cargo a dinero que se tendría que haber destinado a inversiones de la ciudad 

Torres Hurtado, tras prestar declaración en el juzgado. Torres Hurtado, tras prestar declaración en el juzgado.

Torres Hurtado, tras prestar declaración en el juzgado. / Álex Cámara

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A finales de octubre, la Junta de Gobierno Local aprobó un nuevo palo a las arcas municipales como consecuencia de la gestión del anterior equipo de Gobierno popular en la capital. Se trataba del convenio urbanístico para desbloquear el área de reforma de Villa Pineda, que obligaba a la capital a devolver 1,2 millones de euros "a plazos".

Como balance de año, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, del PSOE, ha cifrado en 28,5 millones de euros la cuantía que ha perdido la ciudad por distintos asuntos gestionados en la etapa del Partido Popular y que han terminado judicializados, en su mayoría urbanísticos.

Cifra en 16 millones de deuda reconocida por sentencia judicial del Plan Parcial urbanístico 03 Ferrocarril-Chana

Según los datos facilitados a Europa Press desde el Ayuntamiento, este montante se detalla en los 16 millones de deuda reconocida por sentencia judicial del Plan Parcial urbanístico 03 Ferrocarril-Chana, y que ya ha sido "pagada".

En estos terrenos se desarrollaron una serie de viviendas por parte de un promotor que cedió al Ayuntamiento de Granada unas parcelas que resultaron no ser suyas, tal y como demostró el propietario, y que fueron incluidas erróneamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano y calificadas como sistema general de espacios libres.

A ello se suman un millón y medio por el caso Villapineda, también reconocidos judicialmente. Por otro lado, la empresa concesionaria del transporte público, Rober, reclama, en un asunto también judicializado, seis millones de euros por el "cambio de cocheras del Parque Tecnológico de la Salud a un suelo que era equipamiento religioso".

Las cifras de pérdidas por los casos Serrallo y Casa Ágreda están cifrados en 3,8 millones de euros, según estos cálculos. En el ámbito no urbanístico, el coste para las arcas municipales del caso TG7 ha generado un perjuicio económico de 900.000 euros, mientras que los contratos de Emucesa entre los años 2003 y 2012 ascendieron a 300.000 euros.

Fernández Madrid resalta la importancia de los "controles" técnicos para evitar esta situaciones

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha resaltado la importancia de los "controles" técnicos para evitar situaciones como las que conllevaron la judicialización de estos casos.

El equipo de gobierno actual apuesta, además, por "elevar" consulta a los servicios jurídicos ante cualquier duda que pueda suscitar un expediente para poder contar así con "una opinión jerárquica a nivel funcionarial", ha detallado Fernández Madrid, que ha subrayado la importancia de "nunca inclinar la balanza en un sentido o en otro" por un criterio político, en salvaguarda "del dinero del ciudadano".

Ha recordado que el pago de montantes como los 16 millones de euros correspondientes al Plan Parcial O3 se hace con cargo a montantes que van con cargo a dinero que se tendría que haber destinado a inversiones de la ciudad, y a patrimonio municipal de suelo, "que pierde este Ayuntamiento".

Es decir, "estamos dedicando un patrimonio de todos los granadinos para pagar estas sentencias judiciales" cuando tendría que tener como objetivo la "inversión pública", ha explicado el edil.

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