Las autoridades tienen en el punto de mira nuevas derivadas del mundo de la droga, el narcotráfico y la lucha contra estas sustancias. En su última memoria anual, la Fiscalía General del Estado alerta de la proliferación de plantaciones interiores cada vez más sofisticadas, de narcopisos en el centro de las ciudades y de la formación de clubes cannábicos, de los que Granada tiene varios ejemplos. Esta provincia se ha convertido en un punto caliente en la lucha contra el tráfico de esas sustancias, aunque la petición de un fiscal especial sigue “en trámite” un año más.

Los procedimientos abiertos a lo largo de 2018 por la Fiscalía Provincial de Granada relacionados con el tráfico de drogas alcanzan la cifra de 693, el pico más alto del último lustro. De hecho, desde 2014 (el primer año que aparece en la tabla comparativa del Ministerio Público, con 502 procedimientos), este dato ha ido en aumento hasta alcanzar un crecimiento total del 38% durante ese periodo.

El mayor aumento de procedimientos relacionados con drogas registrados por la Fiscalía en Granada se produjo en 2017, cuando la cifra pasó de los 524 casos de 2016 a 674 al cierre de ese año. 2018 ha mantenido la tónica ascendente con otro ligero repunte del 2,8% (693 asuntos).

La Fiscalía Provincial de Granada lleva varios años reclamando la creación de una nueva plaza de delegado de la Fiscalía Especial Antidroga. La Memoria nacional presentada esta semana en Madrid especifica que esta petición se mantiene “en trámite”. Los datos aportados denotan que esa provincia se ha convertido en un lugar destacado en el tráfico de drogas, con cifras similares a las de grandes ciudades y provincias con importante actividad portuaria, como Málaga, Alicante o Valencia.

La radiografía que expone la Fiscalía General en su informe (con los datos y explicaciones aportadas por los fiscales especiales y las Provinciales del territorio español) desvela que además de las tradicionales actividades delictivas del mundo de la droga hay nuevas tendencias que están aumentando peligrosamente. Las operaciones que con tanta frecuencia realizan Policía y Guardia Civil en Granada también apuntan hacia esa línea. 

La Fiscalía destaca la “proliferación de plantaciones de cannabis, especialmente indoor, con instalaciones muy sofisticadas”; el “fenómeno de los narcopisos” en el centro de las ciudades y en los barrios de intenso tráfico de drogas; el contrabando a través de puertos y aeropuertos, y la extensión de las asociaciones o clubes cannábicos. En Granada hay rastro público a través de internet de al menos 3 de esas agrupaciones, cuyo acceso es bastante restringido.

Los casos con conexión internacional, a la Audiencia Nacional

La Fiscalía General hace referencia en su Memoria anual de 2019 (con los datos de 2018) a una necesaria redefinición de las competencias en materia de drogas de la Audiencia Nacional, actualmente limitado a bandas y grupos organizados que produzcan efectos en lugares que afectan a distintas audiencias provinciales. La Fiscalía sostiene que esto está “obsoleto”. 

La nueva regulación que proponen debería incluir, a su juicio, al menos las investigaciones sobre grupos u organizaciones transnacionales que sean objeto de investigación por otros países, “facilitando así la centralización en la Audiencia Nacional de la cooperación judicial internacional”, que para las fiscalías provinciales suele ser un problema añadido. 

Dispositivos de escucha y GPS

Otra de las reformas propuestas por el Ministerio Fiscal es un cambio de regulación para la instalación de dispositivos de escucha ambiental, para que “no se circunscriba a encuentros concretos que tengan los investigados, sino que se aproxime a la regulación de las intervenciones telefónicas”.

De este modo, se podría autorizar una escucha ambiental (la instalación de micrófonos) durante un tiempo limitado, aunque con garantías como la depuración de las grabaciones obtenidas para tener en cuenta solo las que son pertinentes para una investigación. La Fiscalía recuerda que así está recogido en la legislación de otros países de nuestro entorno cercano.

En la misma línea de favorecer la lucha contra el narcotráfico y las investigaciones abiertas se orienta otra petición, que es la de la excluir de la necesidad de autorización judicial la instalación de dispositivos de geolocalización vía GPS en “los casos en que no está en juego el derecho a la intimidad de los investigados”. Un ejemplo que pone la Fiscalía es el de los contenedores de mercancías, cuyo rastreo a través de esos dispositivos podría favorecer operaciones policiales.