Economía

La CGE critica que haya municipios que tarden casi dos años en pagarles

  • Recriminan que el Ayuntamiento de la capital sea el segundo de España que más debe y que más tarda en satisfacer facturas

Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, criticó al equipo de Gobierno de Granada presidido por Paco Cuenca

Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, criticó al equipo de Gobierno de Granada presidido por Paco Cuenca / Carlos Gil

Si 30 días es el periodo legal establecido para el pago a proveedores, más de medio centenar de municipios de la provincia de Granada (52) se saltan la Ley de Morosidad. De ellos, 26 triplican ese plazo y superan incluso los cien días, siete de ellos se sitúan además por encima del año, y tres de incluso van camino de los dos años en morosidad (Cogollos de la Vega, Iznalloz y Maracena).

Ese es el panorama que dibujan los datos del Ministerio de Hacienda, tomados hasta diciembre del año pasado, y analizados ayer por la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). En total, ayuntamientos, mancomunidades y Diputación deben en la provincia un total de 139,6 millones de euros, y la media de días para pagar está también por encima del límite legal (58,9 días).

Con respecto al global de la provincia, la directiva de la CGE considera la situación como “alarmante”, ya que “las empresas seguimos pagando la pésima gestión económica de algunas corporaciones locales, seguimos financiándolas, poniendo en riesgo nuestra propia viabilidad económica”, dijo al respecto el líder de los empresarios. Municipios como Cogollos de la Vega, Iznalloz y Maracena superan el año y medio de demora en los pagos. El primero de ellos, incluso, roza los dos años. Además, otros 26 Consistorios tardan el triple del límite legal.

Periodo medio de pago a proveedores en Granada Periodo medio de pago a proveedores en Granada

Periodo medio de pago a proveedores en Granada / Dpto. de Maquetación

Referente a Granada, la capital figura con una deuda pendiente de pago a autónomos, pymes y empresas de la provincia por un importe de 80.041.377,29 euros, con un periodo de pago medio de 185 días, unos seis meses aproximadamente. Esto hace que la ciudad sea la segunda capital de provincia española que más tarda en pagar a sus proveedores sólo por detrás de Jaén, con 434,84 días de espera.

Al ser el ayuntamiento referente y más importante de la provincia, la Confederación Granadina de Empresarios ha cargado con dureza contra la actual administración municipal. Su presidente, Gerardo Cuerva, profundizó más: “Estas cifras convierten al Ayuntamiento de Granada en la segunda gran corporación local de España con mayor deuda comercial”. En morosidad, solo Madrid supera a Granada en esta lista, según la CGE.

Once municipios están al corriente de todos sus pagos y no arrastran ningún tipo de deuda en la provincia: Cáñar, Freila, Gorafe, Juviles, La Malahá, Nigüelas, Soportújar, Ugíjar, La Tahá, Alpujarra de la Sierra y Villamena

Para Cuerva “no es tolerable” que el Ayuntamiento de Granada tenga más de 4.600 facturas pendientes de pago a sus proveedores, ni que esa deuda acumulada genere unos intereses de demora de más de 3,7 millones de euros, según las informaciones publicadas sobre el Informe de Morosidad municipal.

“Menos aun cuando el Ayuntamiento de Granada ha aprobado recientemente unas ordenanzas fiscales que castigan a las empresas mediante una desproporcionada subida del IBI del 42% para los edificios dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas y estacionamientos”, censuró el presidente de la CGE.

“El Ayuntamiento ha subido el IBI a las empresas para recaudar lo que le cuestan los intereses de demora de las facturas que no paga a sus proveedores. Es decir, que somos las empresas las que también asumimos el coste extra que le supone al Consistorio pagarnos mal y tarde”, remachó Cuerva.

Al menos no todo es malo. La cantidad de municipios que sí pagan en plazo se ha duplicado con respecto a 2017, pasando de los 66 que pagaban sus facturas en los 30 días hábiles, a los 120 ayuntamientos contabilizados durante 2018. “Dejar de pagar a un proveedor supone dejar en la estacada a la empresa, a sus trabajadores y a las familias que dependen de ellos”, recordó Cuerva.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios