Municipal

Rober: tres expedientes y otra renovación incumplida

  • Movilidad avanza los trámites de sanción a la empresa en un camino que acabará en los juzgados

El Ayuntamiento no acepta la última renovación propuesta por la empresa El Ayuntamiento no acepta la última renovación propuesta por la empresa

El Ayuntamiento no acepta la última renovación propuesta por la empresa

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La relación del Ayuntamiento con la empresa de transportes Rober sigue acumulando capítulos que acercan cada vez más la situación a los juzgados. Mientras se han recibido dos nuevos recursos por parte de la empresa concesionaria del transporte público en la ciudad (contrato que vence en 2022), el Ayuntamiento avanza en la tramitación de los expedientes sancionadores por el incumplimiento de contrato en cuanto a la renovación de flota.

El Ayuntamiento ha ganado el último recursos por la estructura de costes de 2017 en primera instancia y se va ganando también en segunda. El resto de recursos también están siendo favorables para el Ayuntamiento.

Y mientras la empresa plantea cambios de vehículos que el Ayuntamiento no acepta por no ser las exigencias recogidas en cuanto a la renovación de la flota. Según ha explicado la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, en la comisión mensual del área, en la comisión de seguimiento de Rober se recibió el 14 de febrero una nueva propuesta para renovar 5 vehículos en mayo y 15 en noviembre. Pero no ha sido aceptada por no respetar lo acordado por convenio ni las especificaciones que ha requerido el Ayuntamiento.

Así, los que ofrecen son vehículos unos de 10 metros y otros de 12 de gasoil, de solo dos puertas, cuando el Ayuntamiento requiere que la nueva flota tiene que ser híbrida o de gas natural. Además, el número sería insuficiente porque proponen 20 vehículos y harían falta casi el doble.

“La propuesta no se ajusta ni en cantidad ni en características a lo que necesitamos, por lo que siguen incumpliendo la renovación de la flota”, explica Ruz.

En 2018 el Ayuntamiento puso tres expedientes a Rober por esta cuestión, que tienen iniciados los procedimientos sancionadores pero que se encuentran en fase de alegaciones por parte del a empresa.

Aunque se reconoce que la penalidad es baja (rondaría los 9.000 euros), sí es un procedimiento que hay que realizar de cara a la más que posible llegada a los tribunales con la empresa, extremo que no negó la concejal, que siempre ha dicho que llegarán donde haga falta.

Si se incumple el contrato en su esencia eso daría lugar a afrontar otras acciones, entre ellas el rescate del servicio o la rescisión del contrato. Pero los expedientes y acciones hay que tenerlas bien fundamentadas para que no se rechace por parte del os tribunales.

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