José Torres Hurtado fue alcalde de Granada durante 13 años, toda una era de gobierno cuyo final tuvo un origen: el caso Serrallo. Ahí comenzaron los problemas judiciales y políticos que hicieron tambalear su jerarquía en la capital. Aunque la investigación arrancó de forma tímida en 2014, la causa fue creciendo hasta llegar a este juicio, que sienta en el banquillo a 17 personas cuyos nombres eran sinónimo de poder hace menos de una década.

1. Un alcalde y 16 acusados más

Será la primera vez que un alcalde de Granada sea juzgado por supuestos delitos de corrupción, pero además estará acompañado de gran parte de su equipo de gobierno en 2012, en especial la concejal Isabel Nieto, que es una de las principales acusadas. También están en la lista buena parte de los altos cargos de la importante área municipal de Urbanismo durante aquellos años de gobierno del PP. Y el interventor del Ayuntamiento. Completará el banquillo un empresario, Roberto García Arrabal.

Si los políticos y técnicos que van a juicio tuvieron el control de la ciudad en sus manos, este promotor urbanístico era en 2014 el hombre fuerte del sector del ladrillo en Granada, al menos en cuanto a proyectos emblemáticos. Grandes edificios de viviendas, hoteles, centros comerciales y oficinas levantados en la zona sur de la ciudad llevan el sello de García Arrabal. Un imperio que se desmoronó el día en que fiscales y jueces comenzaron a investigar este caso y otros por los que llegó a ser detenido y cuya difusión dio la vuelta a España.

También están acusadas en este juicio tres sociedades mercantiles (todas vinculadas en algún momento de García Arrabal) como posibles responsables civiles o partícipes a título lucrativo.

2. Magistrados con experiencia: Romanones, Prestige...

De los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que componen el tribunal para este juicio, todos han vivido la experiencia de juicios o procesos con enorme trascendencia mediática. Juan Carlos Cuenca y Aurora Fernández enjuiciaron hace tres años el famoso caso de los Romanones, por supuestos abusos sexuales de sacerdotes. El magistrado que presidirá la sala y será ponente de esta sentencia, José María Sánchez, participó en el caso del naufragio del Prestige cuando trabajaba en la Audiencia Provincial de A Coruña.

3. Vox y Tomás Olivo, entre las acusaciones

La fiscal de Medio Ambiente Sara Muñoz-Cobo, que ha llevado este caso desde el inicio, tendrá el peso de la acusación en el juicio, aunque este caso cuenta con un gran número de partes acusadoras, particulares y populares. Entre las primeras están el denunciante original del caso, un funcionario jubilado de Urbanismo; y el Ayuntamiento de Granada, que acude como supuesto perjudicado. Entre las acusaciones populares está el partido político Vox y la mercantil del Centro Comercial Nevada, del empresario Tomás Olivo. También participa la empresa que compró más tarde el negocio de la discoteca, Sky Club y Abel Pizarro, y que reclaman los posibles perjuicios como tercero de buena fe.

4. Defensa: los mejores penalistas

Torres Hurtado (derecha), junto a su abogado, Pablo Luna

Una veintena de letrados, de los bufetes más importantes de la ciudad, estarán presentes en la sala de vistas de La Caleta. Ellos ejercerán las defensas de las personas y empresas acusadas. Pablo Luna (abogado de Torres Hurtado), Ernesto Osuna (que en representación de Isabel Nieto y de los ex altos cargos de Urbanismo ha llevado el principal peso de la defensa durante estos años), Rafael López Guarnido, Mariano Vargas o César Fernández Bustos (letrado de García Arrabal) desplegarán en la sala su larga experiencia, conocimientos y recursos, frente a los abogados de la acusación. Algunos de ellos han tenido un papel muy activo en la instrucción del caso, como Jorge Carmelo Fernández Díaz, que representa a Vox.

5. Penas de cárcel: máximos de 8 a 21 años

Los acusados se enfrentan a penas muy dispares, no sólo por el diferente papel desempeñado por cada uno en los hechos investigados, sino también por los matices que cada acusación ha dado a sus peticiones. La Fiscalía, que se suele situar en ese terreno intermedio al que le obliga la imparcialidad, reclama penas máximas de 8 años de cárcel, para Torres Hurtado y los principales acusados, mientras que pide la absolución para los 8 concejales de la junta de gobierno. Vox es la acusación que va más allá en sus peticiones, con penas de hasta 21 años de prisión.

6. Los concejales, una controversia

El caso Serrallo enjuicia al equipo de gobierno de 2012

El motivo de que el banquillo de los acusados de este caso sea tan extenso es que, además de los principales acusados, se sentarán allí ocho exconcejales del Ayuntamiento de Granada cuya intervención se limitó a votar en junta de gobierno un expediente sobre la discoteca del Serrallo que fue tramitado por el área de Urbanismo. Los ediles se han defendido hasta ahora con el argumento de que aquellas votaciones eran algo que se hacía casi de forma automática, sin entrar a debatir ni valorar el fondo del asunto de lo que se aprobaba.

Aunque en su escrito de acusación, la Fiscalía reprochó esta práctica política, pidió para ellos la libre absolución. Pero han llegado al juicio y se enfrentan a penas de entre 2 y 2 años y medio de prisión a petición de varias las acusaciones populares y particulares. El partido Vox los considera responsables de un delito de fraude en la contratación, mientras que Tomás Olivo les acusa de prevaricación urbanística. Además reclaman penas de inhabilitación de hasta 15 años. Los ediles, liberados de la acusación del ministerio público, han tratado de eludir con infinitos recursos su presencia en el juicio, si bien al final tendrán que someterse al tribunal.

7. Una decena de delitos

También los delitos que se le imputan a los acusados oscilan en función de cada una de las acusaciones. La Fiscalía atribuye a 9 de los 17 acusados los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento. Otras acusaciones, han apreciado también otros delitos que la jueza de instrucción incluyó como posibles ilícitos en su auto de apertura de juicio oral. Serían los de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y cohecho. Este último se refiere a la contratación laboral del hijo de un funcionario por parte del empresario acusado.

8. De quiosco de chuches a discoteca

El objeto del caso Serrallo es la legalidad de la discoteca construida

La génesis del caso es la investigación de una posible vulneración de la norma urbanística, al haber permitido el Ayuntamiento que un promotor levantara una discoteca en una zona verde donde estaba previsto un parque infantil. Señalan los informes de la acusación que la construcción sería “contraria a la ordenación urbanística”, por haber superado los metros de obra permitidos y por los “usos claramente prohibidos”. A juicio de la jueza de instrucción que ha llevado este caso, María Ángeles Jiménez Muñoz, se trató de “una muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad”. Agregaba en su auto que los usos de apoyo permitidos en el PGOU “se refieren a quioscos de chucherías o bebidas para los principales clientes de un parque infantil: los niños”.

9. Posible demolición

Casi todas las acusaciones del caso, incluida la Fiscalía reclaman al tribunal que incluya en su sentencia la demolición de la discoteca junto al Serrallo para restituir la legalidad urbanística. Esto podría implicar también una serie de responsabilidades económicas por las que la jueza de instrucción llegó a imponer una fianza a los acusados (a pagar entre todos) de dos millones de euros.

10. El germen del caso Nazarí

Declaración del testigo Jacobo de la Rosa.

El caso Serrallo es un asunto judicial abierto en 2014, cuya investigación dio lugar a una serie de testimonios y averiguaciones que la fiscal conectó con otras denuncias urbanísticas que a su juicio tenían un nexo en común: el modus operandi en el Ayuntamiento de Granada en asuntos urbanísticos. De este modo nació en 2016 lo que se ha llamado caso Nazarí, y que provocó el gran revolcón político y judicial, con la detención del entonces alcalde, José Torres Hurtado y algunos de los acusados que se enfrentan al caso Serrallo. Algunas de las piezas de esa macrocausa pueden llevar a nuevos juicios en los próximos meses y años.