Seis de los acusados en la trama corrupta que supuestamente alteró durante ocho años información de las bases de datos del Catastro reconocieron este martes los hechos en la segunda sesión del juicio que se celebró en la Audiencia de Granada, donde se declararon culpables y aceptaron penas de hasta cinco años de prisión.

Para los otros tres acusados se han retirado los cargos, entre ellos se encuentra el arquitecto que falleció meses antes de este juicio y los otros dos son empresarios respecto a los que la acusación ejercida por la Junta ya retiró la acusación por estafa en la primera sesión. El letrado del Gobierno andaluz confirmó su decisión de apartarse del proceso y abandonó la Sala.

El principal acusado, un funcionario del Catastro de Granada identificado como Fernando G.T.M, ha aceptado una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público, otro de cohecho y otro de infidelidad en la custodia de documentos, además de varias multas e inhabilitación y pérdida de la condición de funcionario. Este acusado hizo uso del derecho a la última palabra para pedir “disculpas”.

El segundo funcionario acusado, identificado como Antonio M.P., ha aceptado una pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de cohecho.

Otros tres acusados, entre los que se encuentran el empleado de una notaría de Albuñol, un empresario y un exfuncionario, han aceptado otros tres años de prisión por los mismos delitos que el anterior. El último procesado, un abogado, ha sido condenado a 16 meses de cárcel por falsedad en documento público y cohecho que le serán sustituidos por multa.

Los acusados se enfrentaban inicialmente a penas de entre 18 años. El asunto fue investigado por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que determinó que, al menos en el periodo comprendido entre marzo de 2005 y mediados de 2013, dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada se sirvieron de sus puestos para alterar información de las bases de datos de esta oficina para obtener certificaciones en el sentido solicitado por los interesados a cambio de dinero.

El fiscal hacía hincapié en su escrito provisional en que los datos del Catastro tienen una presunción de certeza, por lo que estas falsedades tienen una especial relevancia y su perjuicio es mayor que en otros documentos.