Los ocho antiguos concejales del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada que están acusados en el juicio del Serrallo, por la aprobación en junta de gobierno de un cambio de horarios y usos de la discoteca construida, han declarado hoy que todos los informes técnicos que acompañaban a la propuesta eran favorables y, por tanto, "no nos quedaba otra que votar a favor".

En estos términos se ha expresado hoy, en la cuarta sesión del juicio, el ex edil de Personal Juan Antonio Fuentes, en una declaración que la mayoría de sus antiguos compañeros se han limitado a suscribir. De este modo, el primero en declarar ha actuado como portavoz de los demás. 

La declaración de los exconcejales ha sido muy corta, dado que solo han respondido a las preguntas de sus propios abogados. Aunque se han ofrecido a testificar a las preguntas de la Fiscalía, esta parte no los acusa y por eso ha declinado interrogarlos. A las acusaciones populares que sí les imputan delitos (Vox o Tomás Olivo), los antiguos representantes públicos han rechazado contestar.

Juan Antonio Fuentes ha explicado al tribunal que en el funcionamiento habitual de las juntas de gobierno local durante su etapa al frente de la ciudad, se preparaban los expedientes que se iban a someter a aprobación con una serie de informes técnicos y con una propuesta del concejal del área correspondiente al asunto del que se tratara. "Yo me limitaba a los que a mí me repercutían", ha declarado.

En cuanto al asunto concreto de la discoteca del Serrallo, aprobado en 2012, Fuentes ha negado que se planteara duda alguna a la hora de votar y que se daba por hecho que todo iba bien porque "nunca se ha llevado a junta de gobierno un expediente con reparos o salvedades". Eso sí, tras la votación, admite que los concejales trataban de informarse de algunos temas cuando eran "transversales" o de mucho relevancia pública para la ciudad, pero que éste no fue el caso. 

María Francés, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida, Francisco Egea y Vicente Aguilera han subido al estrado para declarar pero se han limitado a adherirse a las palabras de su antiguo compañero de corporación. Francisco Ledesma, que era concejal de Economía y secretario de la junta de gobierno, también ha asumido esa declaración de Fuentes, pero ha añadido que en su caso, él actuaba bajo el respaldo de la secretaria general del Ayuntamiento, que era quien tenía que velar por el cumplimiento de la legalidad en el expediente completo. 

Ledesma ha profundizado algo más en la declaración de Fuentes al explicar que, a su juicio, los concejales estaban obligados a votar a favor de la propuesta que llegaba a la junta de gobierno porque tenía todos los informes a favor. "Si votamos lo contrario estaríamos inquiriendo en prevaricación", ha declarado el antiguo representante político.