El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha dado a conocer este viernes un informe recibido de la Intervención Municipal para fijar cuestiones que deberán incluirse obligatoriamente en el presupuesto que elabora la nueva corporación del PP si quiere aprobar unas nuevas cuentas. Unas obligaciones económicas que harán que el área económica tenga que tener en cuenta, de manera obligatoria, ciertas cantidades y dotaciones presupuestarias. 

Según ha explicado tras Junta de Gobierno Local y antes del Pleno la concejal de Economía, Rosario Pallarés, el interventor "alerta de que para poder aprobar un presupuesto tendremos que cumplir ciertas condiciones y si no su informe será negativo". 

Entre esas exigencias está el superávit. El primer presupuesto que elabore el Gobierno de Marifrán Carazo tendrá que contemplar un superávit de 6,3 millones de euros, por lo que tendrá que tener esa cantidad de más en los ingresos que en los gasto. En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, se propone ese superávit en los presupuestos de 2024 y siguientes hasta la absorción total del remanente líquido de tesorería para gastos generales negativo, limitando la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo salvo la obligada por el plan de ajuste. Este superávit solo podrá ser destinado al pago de deuda a proveedores hasta la eliminación del remanente líquido de tesorería negativo. El remanente de Tesorería tiene que bajar a los 34,7 millones de euros negativo (en 2022 era de 65,8 con una bajada por la modificación que se hizo para pagar facturas a proveedores con un préstamo del Gobierno) y se espera que se alcance un remanente de tesorería positivo a partir de 2029. 

Además, hay "diez millones de euros del 2023 que se quedaron sin presupuestar" y que hay que incluir. Y un fondo de contingencia de 5 millones para reserva de pago de una sentencia judicial con Endesa que si se gana obligará a pagar 2,6 millones de euros y si se pierde se tendrán que abonar los 5 millones, por lo que se tendrá que reservar ese máximo ante la previsión de pago a la espera de la sentencia. 

También alerta el informe de que al final de 2023 "es previsible que al menos 6,5 millones se queden sin consignación presupuestaria por las facturas del transporte urbano y también es previsible que el contrato de limpieza se queden sin consignación presupuestaria en más de 2,5 millones, por lo que habrá que contemplarlos, en ambos casos, en las cuentas de 2024". Además, da un nuevo 'toque' por la falta de licitación de estos dos grandes contratos: "Estando estos dos contratos vencidos en su duración, se hace urgente su regularización a fin de evitar que estos contratos de gestión de los servicios públicos tengan carácter indefinido, impidiendo la entrada de nuevos interesados para prestarlos, con grave detrimento del principio de concurrencia".

Ante esta situación, Pallarés ha dicho que "la reducción del gasto es muy necesaria para poder hacer frente a estos compromisos", además de incrementar los ingresos "para lo que habrá que realizar una mejor gestión con las nuevas ordenanzas para elevar los ingresos".

La concejal de Economía, Rosario Pallarés ha informado también de otros informes de intervención y ha denunciado "mala praxis" del gobierno anterior ya que "l gasto no previsto ha sido muy elevado, un modo habitual de operar propio de una mala gestión", en alusión a que se hicieron modificaciones de crédito por el equipo de gobierno del PSOE por valor de 56 millones, lo que equivale al 18% de las modificaciones presupuestarias. Ha dicho también que otro informe "nos pone en máxima alerta" ya que existen 3.048.754 euros como "cantidad pendiente de cobro, por procedimientos no terminados. En su mayoría corresponden al área de Medio Ambiente y Urbanismo", por lo que ha anunciado que harán "indagaciones exhaustivas de como están los expedientes y evitar al máximo la prescripción de los mismos". También se ha referido al PMP, que en julio se situó en 44 días aunque hay que seguir bajando a los 30 que exige el plan de ajuste. 

Aprobación inicial de las ordenanzas fiscales

Las nuevas ordenanzas fiscales de Granada para 2024 han pasado este viernes en Pleno municipal su primer trámite con la aprobación inicial con la mayoría absoluta del PP, los votos en contra del PSOE y la abstención del PP. En el pleno, como ya ocurrió en comisión, el debate se ha centrado en si se suben o bajan impuestos, los dos conceptos opuestos defendidos por PSOE y PP, respectivamente. 

Vox ha criticado al gobierno del PP que ha "perdido la oportunidad de hacer una rebaja ambiciosa máxime cuando tienen la mayoría absoluta", por lo que exigen que se trabaje "para esa rebaja real, para lo que será necesario la reducción del gasto político innecesario para aliviar los bolsillos de los granadinos". La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha afeado que el expediente esté incompleto sin informe económico que detalle la afección que tendrá y que "es crucial para saber la realidad de la bajada de IBI anunciada y la letra pequeña porque la bajada no es para todos, es para unos pocos pero para bastantes otros es una subida".

El debate más tenso ha sido con el PSOE. La concejal Raquel Ruz ha dicho que las nuevas ordenanzas van a "dar la puntilla a 1.600 comercios medianos" de la ciudad a los que se subirá el IBI a lo que se suma el problema que tienen con la apertura los domingos en aplicación de la Zona de Gran Afluencia Turística". "A esos les va a subir el impuesto un 40%. No es un informe económico completo, es sesgado, de catastro, que dice que sube los impuestos a 1.600 comercios con mayor valor catastral, de los cuales 200 ya lo pagaban al 1%, por lo que 1.300 pagarán más. Y le baja a 200 con un valor catastral de más de 400.000 euros. Esto no tiene nada que ver con ordenanza ni cumplimiento de normativa, es cuestión de umbrales y eso es una decisión política". El PSOE también ha criticado que se elimine la exención de la tasa de licencia para primera actividad y que se limiten temporalmente las bonificaciones a las empresas por energías renovables a un año y por planes de transporte a cinco. 

Ruz ha preguntado a Carazo por su promesa electoral de bonificar el IBI a los mayores de 65 años: "¿Era mentira antes o ahora?", ha dicho, para defender su voto en contra de las ordenanzas en que no serán "cómplices de subidas de impuestos", ante lo que anuncian alegaciones, que si se tienen en cuenta desde el PP harán cambiar el voto socialista en la aprobación definitiva. 

La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha acusado al PSOE de decir "medias verdades". El PP ha repetido que no se verá incrementada la tributación al pequeño comercio y que han bajado al umbral con un estudio previo "para gravar al 10% de esos inmuebles con ese uso de mayor valor catastral y en ningún caso a ese pequeño comercio". Pallarés, igual que en comisión, ha justificado los cambios en el cumplimiento legal. Sobre el anuncio en campaña de Carazo de bonificar IBI, Pallarés ha respondido con un: "No se dijo en qué momento". "El PP tiene en su ADN rebajar los impuestos. Tenemos cuatro años para cumplir un programa electoral. Mi deseo es poder bajarlos este primer año pero las cuentas no nos las han dejado para ello. El plan de ajuste nos obliga a cumplir cuestiones como bajar el PMP y el remanente de tesorería y para 2024 tendremos que hacer un presupuesto con un superávit de 6,3 millones. La varita mágica no la tiene nadie y hay que hacer un equilibrio. Cuando vean los presupuestos comprobarán que haremos un esfuerzo por bajar el gasto y elevar los ingresos y por eso la modificación de estas ordenanzas mejorarán la gestión y nos llevarán a un aumento de la recaudación y con el IBI no nos quedó más remedio de modificar los tipos por los usos que no estaban conforme a la ley".