La Variante de Loja sigue avanzando aunque el Gobierno tendrá complicado cumplir con los compromisos dados, tanto a la Unión Europea a través de su Diario Oficial, como en el propio cronograma del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de tener todos los proyectos redactados y licitados antes de fin de año. Adif acaba de someter a información pública la relación de fincas afectadas por el proyecto de construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad correspondiente al tramo paralelo a la autovía A-92, en segundo de los tres que tienen aún que construirse entre los municipios de Loja, Salar y Huétor Tájar. Un trámite administrativo que tiene sus tiempos, y que van a hacer prácticamente imposible que este sector de la variante esté licitado antes de que acabe el año, ya que el plazo de alegaciones se cierra a final de mes y el estudio para incorporarlas al proyecto requiere de un periodo más extenso. Además, en la relación de parcelas afectadas por las obras, el mismo abarca terreno del municipio de Salar, cuando este tramo solo afectaba al municipio de Loja, dejando las expropiaciones a las puertas de la villa romana de la localidad salareña.

Zona de expropiaciones y ubicación de la villa romana de Salar

El ejemplo está en el anterior tramo (Variante de Loja-Riofrío). El anuncio de la salida a información pública de las fincas afectadas por el proyecto de obras de la plataforma se realizó el pasado mes de mayo y la licitación de las obras se lanzó hace cerca de un mes, en la segunda semana de octubre. Es decir, el proceso desde este punto se alargó durante cinco meses. La situación era similar a la actual. Las expropiaciones se lanzaron a apenas un mes de que se cumpliera el plazo dado por las administraciones estatales, ya que por aquel entonces el compromiso para el tramo de Riofrío tenía como tope finales de junio. Los proyectos, pues, llevan un retraso medio de cinco meses.

Como todo trámite administrativo, conlleva sus tiempos y es muy complicado, por no decir imposible, que en un mes esté todo el dossier constructivo preparador para salir a licitación. De entrada, los dueños de las parcelas afectadas tienen desde este miércoles abierto el plazo para consultar cómo afecta esta expropiación forzosa a sus propiedades y efectuar las alegaciones pertinentes, cuya fecha tope será quince días después. Una vez acabe este proceso, la administración las estudiará y las incorporará o no al proyecto de obras, lo cual conlleva su tiempo. El siguiente paso es volver a someter a información pública el dossier completo de obras para que se formulen de nuevo alegaciones y finalmente aprobar el proyecto. Una vez se haga, saldrá a concurso público. En un mes es materialmente imposible que dé tiempo.

Tampoco será fácil. Este tramo presenta ya las primeras dificultades técnicas del trazado, con la inclusión de túneles y largos viaductos, uno de ellos que ya causó polémica puesto que sobrevuela dos polígonos industriales dentro del término municipal de Loja, el Manzanil 1 y las cooperativas agrícolas San Isidro, dedicada al olivar, y Los Gallombares, del sector agropecuario. También se verá afectada la parcela que ocupa la conocida área de servicio Los Abades, en la que un 15,2% de su terreno, el más próximo a la montaña y donde reposa el cartel con las letras de la instalación, se expropiará de forma forzosa. En total, incluida la servidumbre, 8.153 metros cuadrados de los 49.306 que tiene la parcela en su conjunto. Son 169 fincas en total las afectadas, de las cuales 148 pertenecen al municipio de Loja y 21 al de Salar.

La inclusión de fincas del municipio de Salar es una novedad, ya que la planificación aprobada en el año 2011, con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, hablaba de que este tramo solo discurría por Loja 6,7 kilómetros, y que consta de un falso túnel de 50 metros, otro de 400 metros llamado Los Abades (kilómetro 607+900), seguido de otro túnel de 550 metros en el 609+700, denominado Las Monjas. No se menciona en ningún momento los viaductos del Manzanil y la cooperativa San Isidro, los cuales estaban incluidos en el siguiente tramo, llamado Río Genil. Este segmento, que también tenía comprometido estar aprobado antes de fin de año, tampoco estará en tiempo y forma: no hay relación de fincas afectadas y, además, las catas arqueológicas de la villa romana de Salar seguirán en marcha hasta, al menos, finales de enero.

De hecho, las fincas pertenecientes al municipio de Salar distan apenas 300 metros del yacimiento arqueológico, el cual ha ganado valor en los últimos años por sus descubrimientos y el estado de los restos de la villa romana. El trazado de la variante está previsto que roce el área arqueológica por apenas unos centenares de metros, aunque no será en plataforma ferroviaria, que sería más lesiva para el terreno y los posibles restos arqueológicos, sino por en un puente de 720 metros, por lo que serán las pilas, de forma cilíndrica, las que afecten al lugar.

Es precisamente este viaducto, que salva el Arroyo de Salar, en su estribo oeste el que delimita las parcelas afectadas por este anuncio, algo no previsto en la planificación inicial del mismo. Se incluyen las fincas en las que el trazado discurre por lomas cultivadas con olivos y cruza la Cañada Real de Granada a Sevilla, ya en el borde con el municipio de Salar. A partir de este punto cruza el arroyo con el puente que pasa por la villa romana, para atravesar posteriormente mediante un túnel de 980 metros el Cerro de Limones (donde se iniciaron las catas arqueológicas para el siguiente tramo). Tras el túnel, al AVE salva, mediante un único viaducto de 1.084 metros, la autovía A-92 y el cauce del río Genil, para ir adosándose poco a poco a la línea de ferrocarril actual, al norte de Huétor Tájar, entorno al paraje de Las Tablillas y proximidades de la barriada de la Estación.