Las nuevas declaraciones del caso Nazarí, a la espera del pago de 5.000 euros

Las declaraciones de nuevas personas investigadas en una de las piezas del caso Nazarí (Expediente Registrador), que estaban fijadas para hoy, han quedado aplazadas por una cuestión procesal que podría ser clave en el desarrollo del caso. La imputación de nuevos delitos a la exconcejal de Granada Telesfora Ruiz y a otros técnicos de Urbanismo depende de que la acusación popular que lo ha pedido pague una fianza de 5.000 euros, impuesta por la jueza.

El Juzgado de Instrucción 2 de la capital había fijado para hoy, 14 de octubre, la comparecencia en calidad de investigados de tres personas, dos de ellas nuevas en la causa. En el caso de uno de los imputados, técnico municipal, su letrado ha pedido más tiempo para estudiar el asunto, lo que ha propiciado un retraso hasta el 4 de noviembre.

Pero para los otros dos citados, la exedil del PP Telesfora Ruiz y el que fue jefe de Licencias del Ayuntamiento de Granada, Emilio M. H., el asunto es más complicado, pues su declaración se debe a una petición expresa de la acusación popular de Aremat Formación y el empresario Ramón Arenas.

En una reciente providencia, la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz había establecido que esta acusación popular podría seguir personada en la causa, pero si optaba por diferenciar su actuación de la que siga la Fiscalía debería abonar una fianza de 5.000 euros, cantidad que ya se había establecido antes para la acusación del PSOE.

Dado que la Fiscalía no había seguido esa senda que ampliaría la investigación a nuevos delitos y a estos imputados, y que la acusación popular no ha prestado por el momento esa fianza, las defensas han pedido esta misma mañana en el juzgado que las declaraciones fueran anuladas, según fuentes del caso.

La jueza ha decidido dejar en suspenso esas declaraciones hasta que no se resuelva el asunto de la fianza de la acusación popular que representa Ramón Arenas, uno de los denunciantes iniciales del caso Nazarí.

Lo que sí ha establecido la magistrada, según las mismas fuentes, es que esos 5.000 euros fueran cantidad suficiente para cubrir la fianza en todas las piezas de caso Nazarí que se abran. Hay que tener en cuenta que en la otra pieza que se lleva en paralelo, la del Expediente Obispo Hurtado (la casa del exalcalde), esa parte ya ha pedido también la imputación de otros dos exconcejales (Telesfora Ruiz y Juan Antonio Mérida), así como ha apuntado la posibilidad de implicar a toda la junta de gobierno de 2015.

De modo que esta cuestión tratada hoy en el juzgado no es baladí y va más allá de las declaraciones del día. Podría ser un punto de inflexión en el caso, que podrá tener una acusación popular con las manos libres para proponer nuevas líneas de investigación o, por el contrario, esta parte quedaría ya sujeta a la línea que establezca la Fiscalía.

Un ejemplo muy claro de eso fue lo ocurrido en el caso Serrallo, un asunto muy vinculado al caso Nazarí (se trata de supuesta corrupción municipal muchos de los mismos implicados) que va más adelantado, porque ya está a la espera de juicio.

En esa causa, la acusación popular de Vox fue la que propuso la investigación del exalcalde José Torres Hurtado y de todos los miembros de su junta de gobierno. Algo que fue aceptado por la magistrada (la misma que lleva el caso Nazarí) y que más tarde ha propiciado que estas personas se tengan que sentar en el banquillo el próximo febrero, a pesar de que la Fiscalía no comparta el criterio acusador en todos los casos, especialmente en el de los concejales de la junta de gobierno.

La jueza del caso Nazarí también ha decidido acceder a la petición de la Fiscalía de que se reciba en declaración a los propietarios del edificio situado en la calle Tórtola en relación a posibles perjuicios sufridos y demás extremos relativos a las obras en los elementos comunes de la comunidad de propietarios.