Una concentración comunicada que acaba convirtiéndose en una marcha no autorizada; cruces de insultos entre quienes se manifestaban a favor del "derecho a decidir" y los contrarios a la protesta; críticas del alcalde de Granada tras los momentos de tensión de "provocadores que han intentado trasladar el odio de los comandos separatistas en Cataluña a Granada"; una reacción institucional por parte del Ayuntamiento para exigir a la Subdelegación información sobre su "grado de compromiso" y pedir a la Policía Nacional que "no se ponga de perfil"; un reproche de la subdelegada del Gobierno a la postura "tan poco seria y lamentable" del Consistorio; una muestra de "respeto" al derecho a manifestarse por parte de Unidas Podemos; y una denuncia de Vox Granada por "graves insultos" a su formación. La sombra de la sentencia del procés sobrevuela una Granada en la que las discrepancias ideológicas se han trasladado a la política municipal.

Una de las ideas base de Karl Marx era que "la historia se repite siempre". Así lo expuso en su obra 18 de brumario de Luis Bonaparte y así parece confirmarse en Granada, donde parte de la ciudadanía no duda en salir a la calle para mostrar su rechazo a aquello contra lo que no está de acuerdo. Ya sea un tema que afecta la propia ciudad, a la comunidad autónoma –se vio el 3-D cuando 5.000 personas se manifestaron contra la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, de las que un centenar incluso llegó a acampar durante una noche en la Plaza del Carmen–, a nivel nacional o, como en este caso, una sentencia judicial a raíz de un conflicto ideológico y político que ha llegado a traspasar la legalidad: el procés de Cataluña.

Cuando el lunes se conocieron las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes separatistas –penas de entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de caudales públicos–, miles de personas se echaron a la calle en Cataluña como señal de rechazo a la sentencia judicial. Así empezó un bloqueo que, tan solo unas horas más tarde, ya afectaba a Granada.

Las protestas en el aeropuerto de El Prat de la tarde del 14 de octubre provocaron que cuatro vuelos programados entre las 17:10 y las 20:30 de la línea Barcelona-Granada, así como las salidas desde el Federico García Lorca hacia la ciudad condal de las 19:15 y las 22:45 horas, dejasen en tierra a cientos de granadinos. Sin embargo, serían 48 horas después cuando la ciudad comenzaría a vivir una oleada de reacciones que, de las calles, acabaron traspasando los muros del Palacio de los Müller (sede de la Subdelegación del Gobierno), la Plaza del Carmen y las sedes de los partidos granadinos. La postura político-ideológica de las distintas formaciones a nivel nacional respecto al conflicto catalán –PP y Cs, al igual que Vox, ya habían pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el 155 o la Ley de Seguridad Nacional– se reflejaba, también, en Granada.

Las primeras consecuencias en Granada llegaron el lunes con la cancelación de vuelos de la línea con Barcelona

Cuando la noche del miércoles finalizó la marcha por el "derecho a decidir", manifestación en la que se vivieron algunos episodios de tensión, que vaciló incluso con desviarse a la autovía para cortar el tráfico y que se creó sin previo aviso –y sin permisos– a raíz de una concentración para la que sí existía autorización, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), cargó contra los "provocadores que han intentado trasladar el odio de los comandos separatistas en Cataluña a las calles de Granada". A través de su cuenta de Twitter, el regidor criticaba esta protesta y agradecía "a los cuerpos y fuerzas de seguridad que protegen a los ciudadanos ante quienes practican la violencia". Pero tan solo unas horas más tarde, el discurso de Salvador (y el de todo el equipo de gobierno municipal) se volvía más duro y cargaba contra el dispositivo policial que se llevó a cabo durante la manifestación, es decir, a la orden emitida por la Subdelegación.

A primera hora de la mañana de ayer, el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz (PP), aseguraba estar pendiente de un "informe para conocer el grado de compromiso de la Subdelegación" con la protesta. Y es que el edil, que se postuló como "defensor del derecho de manifestación, pero dentro de un orden", aseguró que "la ciudad no tiene por qué pagar una manifestación espontánea", por lo que la "Policía Nacional tiene que adoptar medidas y no ponerse de perfil" ante una manifestación no autorizada. Eran las 10:00 horas en el edificio consistorial. A la par, unas calles más abajo, en Plaza Bib-Rambla, se vivía la reacción totalmente contraria y discordante sobre la protesta granadina.

El candidato al Congreso por Granada de Unidas Podemos, Pedro Honrubia, durante un encuentro con los medios, trasladaba su "respeto" por el derecho a manifestarse. La postura discurría por las mismas directrices de la petición de "diálogo" exigida por el dirigente nacional de la formación, Pablo Iglesias, y se topaba con una totalmente opuesta: la de Vox. La candidata por Granada, Macarena Olona, denunciaba "vejaciones y graves insultos" hacia Vox al paso de la marcha por la sede de la formación y que "generaron momentos de tensión" con una actitud "provocadora".

La subdelegada del afirma que se abrirá expediente sancionador a los organizadores

Pero fue pasadas las 11:00 horas, cuando el conflicto entre instituciones que había comenzado a fraguarse tras las declaraciones de César Díaz aumentaba con una nueva intervención del alcalde de la ciudad. Para Salvador, la responsabilidad recaía en la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro.

"Dije que me avergonzaba y, por una parte, traslado todo mi respeto a los cuerpos de seguridad porque son profesionales y hacen lo que se les dice, pero sí decirle a la subdelegada del Gobierno que no haga como Pedro Sánchez poniéndose de perfil mirando hacia otro lado sobre lo que está pasando en Cataluña. Si pasa en Granada el responsable no es Pedro Sánchez, es ella", puntualizó el regidor, una postura "muy poco seria y lamentable" a ojos de la subdelegada.

Según López Calahorro, "lo que no se supo hasta ese momento es que la concentración iba a derivar en una manifestación", pero que, ante ello, estuvo "en contacto con la Policía Nacional que me iba informando del desarrollo de la protesta y lo que teníamos que hacer era controlarla hasta que se disolvió". Eso sí, también añadió que se abrirá expediente sancionador contra los organizadores y responsables de la misma "por incumplir la autorización".

La polémica por la situación en Cataluña también se ha instaurado en las instituciones de la capital, cuando faltan 23 días para la reválida electoral: la cuenta atrás para el 10-N (y la campaña) están en marcha.

Todas las reacciones tras conocerse el fallo de Tribunal Supremo en Granada.

Resumen de cómo fue la manifestación en Granada: