Hace unos años me presentaron en una universidad brasileña a un joven doctorando. Cuando se había marchado, los colegas brasileños me hicieron hincapié en que era la primera persona de su familia que había accedido a la universidad. Entonces me di cuenta de algo en lo que hasta entonces no había reparado. De mis compañeros de pupitre en la escuela del pueblo muchos fuimos a la universidad y todos, absolutamente todos, éramos los primeros de nuestras familias en tener estudios superiores. Lo que me presentaban como excepcional en Brasil había sido lo normal en la España de los años ochenta del siglo pasado, con la generalización del sistema de becas. Las consecuencias de estas políticas han sido evidentes. La universidad pública ha actuado como un potente ascensor social para varias generaciones de españoles en los últimos cuarenta años. De esta forma, se construyó un país más igualitario y también más justo en cuanto cualquier persona con capacidad y voluntad podía acceder a la educación superior al margen del lugar en el que viviera o la situación económica de su familia.

Los que en esos años fuimos a la universidad y, gracias a ello, conseguimos buenos empleos no hemos necesitado becas para que nuestros hijos estudien, pero no podemos olvidar que hay miles de jóvenes en nuestros pueblos y ciudades que continúan dependiendo de las becas para poder formarse.

Por ello, he quedado atónito al escuchar la propuesta de repartir las becas también a familias con ingresos de más de 100.000 euros al año. Y no es una boutade de quien cada semana tiene que decir algo llamativo. La propuesta ha sido defendida en bloque por la derecha española. La primera reacción es el exabrupto: ¿en qué mundo vive quien sostiene esa idea? Pero, en definitiva, están defendiendo un modelo de sociedad distinto al que se ha intentado construir en España desde los años ochenta. Es la misma lógica que rige la promoción de los seguros médicos privados, el cheque escolar o la eliminación del sistema público de pensiones. No se pretende construir una sociedad más igualitaria según los modelos de Estado social desarrollados en Europa en el último siglo. Se trata de garantizar los intereses de aquellos que no quieren pagar impuestos, con la consecuente reducción del gasto social, y exigen beneficiarse también de las ayudas públicas, aunque no les resulten necesarias. En Reino Unido, el thatcherismo sostuvo que se podía gobernar sin contar con la parte más precaria de la sociedad, que requiere más recursos públicos. Eso sí, había que conseguir que no voten