El poder ejecutivo no es Dios, y eso es algo que sabe todo demócrata que respete la división de poderes que en ya 1748 estableciera Montesquieu en El espíritu de las leyes, y que consagran las Constituciones de todos los Estados democráticos modernos.

Pero el poder ejecutivo que hoy gobierna España se cree Dios, y en su soberbia y despótica hoja de ruta no entra respetar a los otros poderes del Estado, ni sus procedimientos, porque el respeto a los procedimientos legalmente establecidos es garantía del cumplimiento de la Ley y, por ende, del Estado de Derecho que consagra nuestra Constitución.

Esta peligrosa deriva autoritaria, antijurídica y dictatorial del ejecutivo está poniendo a España en una gravísima situación. Nuestra ya debilitada democracia está en auténtico riesgo y las instituciones que dan solidez al sistema son deterioradas y desprestigiadas deliberadamente, y, de ahí a la insumisión a las mismas hay un paso.

No voy a entrar en la intención del ejecutivo de gobernar/legislar (ya es el principal legislador de este país) saltándose todos los procedimientos legalmente establecidos, de ello esperemos que se encargue el Tribunal Constitucional -que siempre he mantenido que debería ser una Sala Sexta del Tribunal Supremo, compuesta por magistrados de carrera, y no un tribunal externo, compuesto por afines a partidos políticos-. Esperemos…, porque el ansia de dominio del ejecutivo es imparable. Esperemos también que sean las urnas las que se encarguen de reconducir el deterioro institucional, ejecutivo y legislativo que vive España. No voy a entrar, por tanto, en la ley penal a la carta para los independentistas mediante la reforma/desaparición de la malversación y la sedición, en la ley del sólo sí es sí, o en la reforma del método de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, los argumentos sobre su antijuricidad son abrumadores, pero sí voy a entrar en otra concreta deriva antijurídica del ejecutivo, porque nos afecta en concreto a todos los granadinos: la no designación de Granada como sede de la AESIA.

Una vez más el ejecutivo no ha respetado el procedimiento legalmente establecido, y hemos conocido que ni tan siquiera existe la puntuación a las candidatas, porque ha actuado de plano, no respetando el ordenamiento jurídico e incurriendo en arbitrariedad manifiesta, por lo que los recursos anunciados tienen bastantes visos de prosperar ante los Tribunales, y comportarían la anulación de la designación de La Coruña.

Grano a grano, instituciones y ciudadanos tenemos la obligación de frustrar esta alarmante deriva autoritaria y antijurídica del ejecutivo. Nuestra única opción: que la Justicia haga justicia.