En el mensaje de Navidad el Rey dijo lo que podía decir en el marco constitucional. En un sistema de gobierno parlamentario, el jefe del Estado tiene limitado su ámbito de actuación. Los poderes que la Constitución le asigna dependen de su legitimidad democrática. En ese sentido, un Presidente de la República suele tener más competencias que un jefe de Estado-monarca pues el primero tiene una legitimación democrática siquiera indirecta de la que carece el Rey, sustentado en la legitimidad dinástica. Por ello, nuestro jefe de Estado, Felipe VI, tiene únicamente poderes simbólicos y los que podrían interpretarse con un alcance mayor, ese "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones" (art. 56.1 CE), los ha ejercido siempre con prudencia. Nunca ha "borboneado", y es conveniente que no lo haga so riesgo de situar a la monarquía en el centro del debate político.

Por ello, en su mensaje trata de insuflar ánimo a la ciudadanía y describir de manera aséptica el estado de la nación, sin adentrarse en valoraciones políticas. En ese punto, destacó de forma correcta los tres riesgos a los que se enfrenta la sociedad española: la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. Los dos primeros tienen un alcance global. El tercero permite una lectura interna en el actual momento político y, en relación a éste, pidió un ejercicio de responsabilidad y reflexión sobre las consecuencias de ignorar los riesgos.

Como no tengo las limitaciones constitucionales del Rey, puedo decir que lo más preocupante en este momento es el estado del Tribunal Constitucional. Es una pieza basilar de la estructura constitucional pues debe controlar a los tres poderes del Estado. Por ello, sus miembros son designados por las Cortes Generales (8), el Gobierno (2) y el órgano de gobierno del Poder Judicial (2). La erosión deriva de que, cumplido el mandato de cuatro de sus miembros, desde dentro están haciendo todo lo posible para evitar su renovación. Y para ello sirve cualquier medio, como estamos viendo en los últimos días. Todas las decisiones se adoptan por imposición de una mayoría exigua, sin acuerdos; los magistrados recusados participan en la votación para inadmitir su propia recusación y han interrumpido la tramitación parlamentaria de una ley que pretende facilitar su renovación con la excusa de unas enmiendas, sin que conozcamos siquiera la fundamentación una semana después. Parar la dinámica autodestructiva en la que ha entrado el Tribunal Constitucional no corresponde al Rey sino al propio órgano constitucional y a los actores políticos.