Aunque no comparto la mala fama que tienen en general los buitres, un animal tan humano que prefiere no matar directamente a su comida, hay que reconocer que eso de sacar partido de la agonía de otros bichos y vivir de ella, le confiere una imagen un tanto miserable que a él, por otra parte, le viene a importar bien poco.

Como les pasa a los tan de moda fondos "buitre" que comparten, sin problema ni rubor, la mala imagen de sus homónimos del reino animal porque, sin legislación que lo impida, se han lanzado a la caza de propiedades con hipotecas a las que sus dueños, en plena agonía de la crisis, no pueden hacer frente. Los bancos, antes de quedarse con miles de pisos vacíos, los han cedido con sus hipotecas a los denostados pajarracos por una ínfima parte de su valor y estos han cerrado el negocio, tras el oportuno desahucio, convirtiendo la mayoría de ellos en apartamentos turísticos.

Las consecuencias son evidentes; familias a la calle, encarecimiento de los alquileres, destrucción de nuestras ciudades y, cómo no, enriquecimiento de los fondos buitre.

Se ha generalizado además la idea de que los fondos son una realidad inmutable, pero no es verdad; en algunos países, por ejemplo Bélgica, se ha legislado contra ellos, aunque en el nuestro, ya saben, con el gobierno de Rajoy, los gobiernos autonómicos que han preferido no mojarse o con ayuntamientos poco sensibles al problema, se ha avanzado poco y siempre por iniciativa de jueces.

Don José Manuel Rosa Pérez, un jurista de prestigio internacional propuesto entre otras cosas para Magistrado de la Corte Penal Internacional y Secretario del Tribunal de Derechos Humanos, sugiere, y sería conveniente oírle, una medida que se enfrenta al problema en uno de sus aspectos claves, la legislación que afecta a la compra de esos bienes hipotecados con una propuesta de modificación del artículo 1535 del código civil de la que, a pesar de mi ignorancia legal, me atrevo a señalar un aspecto simple de explicar, incluso para profanos; legislar el derecho de retracto por parte del propietario desahuciado por el mismo precio de compra que pagarían los fondos buitre con lo que los propietarios hipotecados podrían comprar sus casas por el precio real actual y nuestras ciudades seguirían siendo humanas.

Lo que plantea este reconocido jurista posee además esa difícil cualidad de lo posible a la que sólo falta añadir la voluntad política para hacer realidad la propuesta. Ya digo, alguien debería oírle.