De todos los mamotretos que ha dejado la burbuja inmobiliaria en Granada, el más visible es el Centro Comercial Nevada, y no sólo por su tamaño y por el horrible árbol de Navidad que colocaron el año pasado sino por las evidencias especulativas y las sospechas de corrupción que rodean esta obra. Que en pleno siglo XXI se abriera una mole como esta sobre tierras de la Vega de Granada demuestra la clara connivencia de los poderes políticos y técnicos con quienes se lucran a nuestra costa. Si hubieran aprobado a tiempo un plan especial adecuado para la Vega o si hubieran revisado en su momento el Plan Territorial de la Aglomeración Urbana (POTAUG) que después de 20 años ya está obsoleto, jamás hubiera sido legal este atentado contra la inteligencia. Entre otras cosas, el Nevada consume cantidades enormes de energía fósil, ha colapsado el tráfico junto a los hospitales, y ha supuesto un golpe durísimo al pequeño comercio local, que debemos mimar como si fuera un tesoro de nuestras ciudades.

Precisamente la Junta emitió un informe negativo a la licencia del Nevada por el impacto sobre el comercio existente, pues sobrepasaba lo prescrito respecto a la superficie construida y en especial al área comercial. Pero el responsable de la administración regional presentó el recurso contra la licencia fuera de plazo, así que el centro abrió después de años de paralización. Acto seguido el promotor exigió una indemnización millonaria que se está confirmando en las diferentes instancias judiciales.

Por si fuera poco, parte del Nevada está construido sobre suelo de vega no urbanizable, y los responsables políticos y el promotor fueron condenados, aunque no se produjo la demolición. Este argumento fue utilizado por la Junta para justificar la paralización, pero de nuevo alguien se vuelve a equivocar a favor de Tomás Olivo y el letrado de la administración autonómica no se presenta al juicio, de tal manera que un argumento tan importante para la denegación de licencia como que había un procedimiento penal abierto, quedó fuera del proceso judicial. La Junta pierde el juicio (si es que llegó a tenerlo) y el resto pagamos la negligencia con nuestros impuestos.

Alguien razonable dirá: al menos los funcionarios han sido expedientados y los responsables políticos han dimitido. Pues no, en el PSOE-A no dimite nadie por unos millones de euros regalados a un promotor y los técnicos… han sido ascendidos. Todo esto parece tan sospechoso que me extraña que todavía no haya un juzgado que lo esté investigando.