No hago referencia a los gobiernos autonómicos o municipales en los que gobierna el PP, con o sin la ayuda de VOX, por aquello de que los números dan o no dan. No es esa mi reflexión, quiero hacer referencia al gobierno de España, eso que los nacionalismos vasco y catalán llaman “El estado español”. Lo llaman así pues pronunciar “España” o “Reino de España”, tal como se denomina en las instituciones internacionales, les produce una particular repugnancia interna.

Fuera de matices semánticos, hay que observar que en España ya gobierna y, muy probablemente, gobernará la derecha en coalición con el PSOE. Lo contrario sería afirmar que el PNV y Junts son progresistas y de izquierdas. El PNV, con su lema “Dios y leyes antiguas”, siempre apoyando al PSOE o al PP, según de donde pudiera sacar más para los suyos, y la derecha catalana (antigua CiU de Pujol) ahora independentista para que la justicia no los procese por sus décadas del 3%, son los representantes de la más rancia derecha vasca y catalana.

Esos son los partidos que necesita el señor Sánchez para seguir en el sillón, junto al apoyo de ERC o Bildu que podría transfigurarse en un apoyo de izquierdas y progresismo si olvidamos el sarcasmo de gobernar España con aquellos que desean no ser España. O eso o retroceder hasta el paleolítico, proclama Sánchez y su descocada hooligans ministra de Hacienda.

El 4 de agosto de 1789 la Asamblea nacional francesa abolía los derechos señoriales de los que gozaban los nobles sobre los campesinos y se eliminó el pago del diezmo a la Iglesia. Era la supresión de los privilegios pedida por el pueblo. El 26 de agosto se aprobaba la Declaración de Derechos reconociendo la libertad e igualdad entre las personas y afirmando la soberanía nacional del territorio francés.

234 veranos después, en este agosto, el señor Sánchez y su coro de animadores y animadoras negocian a fuego lento la instauración de nuevos privilegios para los que apoyen su continuidad en el gobierno. Se va cociendo una justicia “ad hoc” para algunos, un reparto del dinero que los privilegie en particular y unas inversiones extras que se pagarían del presupuesto general como un diezmo caído, no del cielo, sino del bolsillo de todos los españoles. Los que dicen no ser españoles, en todo caso, parece que aceptarán ser españoles privilegiados. Todo sea por el progresismo de Sánchez, lo contrario, dicen, es volver a las cavernas. El titular se queda corto: la ultraderecha gobierna en España. Vale.