La Consejería de Educación y Deporte continúa con la preparación del inicio del próximo curso escolar, que se estrenará de forma presencial y con "normalidad". El nuevo paso dado por la Consejería es la elaboración de unas instrucciones presentadas ayer en mesa sectorial y que se publicarán próximamente. El borrador recoge algunos cambios notables con respecto a la rutina escolar hasta ahora y también ha levantado críticas. Entre los cambios, la posibilidad de que las entradas y salidas se flexibilicen y puedan abarcar hasta una hora.

El documento en fase de borrador recoge medidas para establecer un "marco general" en la organización de los centros, tanto públicos como concertados. Quedan fuera las escuelas infantiles y los privados adecuarán el contenido de las instrucciones a su organización.

La Consejería pretende un "entorno escolar seguro" y aborda los cambios con la premisa de la "autonomía organizativa de los centros". También señala que el próximo 1 de septiembre "todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial". En el caso de Granada, son unos 11.000 los docentes que trabajan en centros públicos, a los que habrá que sumar los profesores "de apoyo" anunciados por el consejero Javier Imbroda. Quienes estén dentro de los grupos de "especial vulnerabilidad" deberán acreditar esta condición antes del 15 de julio.

Los centros deberán tener un protocolo de actuación Covid-19, en el que se recogerán dos escenarios, docencia presencial y docencia telemática. En este protocolo -"flexible" y que deberá ajustarse a la evolución de la enfermedad- se debe establecer cómo acceder al centro, cómo atender a las familias o la distribución de los espacios y el uso de los aseos. También medidas organizativas para alumnos o docentes "especialmente vulnerable".

El documento recoge que en el caso de darse un positivo, se debe dar a conocer a la Delegación Territorial a través del inspector educativo. Una vez analizado el caso, se podrá decidir la "suspensión" de las clases presenciales de un grupo de alumnos, de varios grupos o de todo el centro. 

En las entradas y salidas se establece que los centros podrán ajustar los horarios. Este ajuste "podrá abarcar hasta una hora". También se podrán usar varias vías de entrada. Para establecer este escalonamiento y distribución se tendrá en cuenta el tamaño del centro y cómo estén formados los "grupos de convivencia escolar". Estos grupos pueden estar conformados por alumnos de distintas aulas, o etapas, o no, en función de lo que establezca el centro. Sí se podrán relacional entre ellos, sin tener que guardar la distancia de seguridad.

Pese a que se pueda adelantar la entrada de los alumnos, se tendrá el mismo número de horas lectivas semanales. El horario del profesorado también se adaptará.

Los horarios también deben tener el cuenta que el "número" de docentes que atienda a cada clase o grupo "sea el menor posible". No se permite el tránsito por el centro de alumnos, serán los profesores y maestros los que cambien de aula, y lo harán lo menos posible. ¿Cómo se hará? El documento recoge que los tutores impartirán "el mayor número de áreas posible". En ESO se agruparán las materias por ámbitos.

El documento presentado ha recibido ya críticas. Por un lado ANPE señala que esas instrucciones "no hacen referencia a los recursos anunciados" por Imbroda (6.300 docentes de apoyo, 150.000 dispositivos, entre otras medidas), por lo que solicita la "retirada" del borrador. El sindicato solicita entre otras medidas la figura de la "enfermera escolar" para colaborar en la detección precoz, seguimiento de casos o sea enlace con los centros sanitarios.

ANPE también prevé "dificultades" en la enseñanza bilingüe y en la actividad de los especialistas de Primaria. En ESO, "la posible organización por ámbitos puede empeorar la formación del alumnado", arguye el sindicato.

Por su parte, la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (Adián) apunta que las instrucciones "complican en exceso la organización del inicio del curso", lo que es, en sus palabras, "una carga de trabajo prácticamente inabarcable". También critican que se delegue en los equipos directivos "aspectos que no dominamos o desconocemos". Adián pide que se exima a los directores de la responsabilidad ante posibles contagios "ya que desconocemos si hay algún tipo de amparo legal ante posibles reclamaciones o denuncias".