En su última memoria anual, referida a 2022, la Fiscalía Superior de Andalucía alertaba del aumento de delitos violentos en Granada como consecuencia del también aumento del cultivo de marihuana. Una arista de un problema que tiene muchas más vertientes, como por ejemplo, la tenencia ilícita de armas en los lugares de custodia de la droga, que para el Ministerio es “muy preocupante” y añade que, durante 2022, se constató que las redes usan “armas cada vez más potentes”. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil han advertido en sus actuaciones de la mayor peligrosidad que entraña lo que han dado en llamar la “radicalización del narco”.

Sin ir más lejos, el pasado diciembre, un grupo de agentes de la Policía Nacional desarticuló un grupo criminal de origen albano asentado en Granada que estaría dedicado al tráfico internacional de sustancias estupefacientes. Como fruto de aquella intervención, enmarcada en el plan Romina, se intervinieron más de 11.000 euros, 160 kilos de marihuana, un fusil de asalto AK-47, considerada un arma de guerra, diversas piezas de armas de igual naturaleza y munición y una pistola con tres cargadores y un silenciador, así como seis vehículos. 

También el pasado año, como parte de la operación Zadar, se detuvo a una treintena de personas y, además de varias plantas de cannabis, la Guardia Civil se incautó de 14 armas de fuego en perfecto estado de funcionamiento, destacando dos armas cortas provistas de silenciador. Más cercano en el tiempo, en mayo también el Instituto Armado ha participado este año en una operación conjunta entre Granada y Almería que se saldó de nuevo con la detención de treinta personas y la incautación de armas y munición, silenciadores y chalecos antibalas, aunque no se precisaron los números de la operación. 

El armamento vinculado a la droga trae aparejado otro problema, también reseñado por la Fiscalía andaluza en su memoria, los ajustes de cuentas entre clanes rivales. Aunque en el texto no se hace mención explícita a ningún caso en la provincia, como sí ocurre con Cádiz o Almería, son varios los que han sucedido en los últimos años. Así, en 2020, una mujer resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en el barrio de Haza Grande, en la capital. 

Las primeras hipótesis apuntaron precisamente a un ajuste de cuentas por temas de marihuana entre dos clanes bastante conocidos en la zona Norte, que hacían negocios entre ellos. Esos negocios han acabado propiciando un tiroteo en el que la mujer de uno de los dos representantes de los clanes ha sido alcanzada, si bien, el disparo no iba contra ella. 

Más sonado, porque el caso se extendió judicialmente durante varios años, fue el tiroteo ocurrido en Arenas del Rey, en 2019, cuando la Guardia Civil localizó 150 plantas de marihuana en un cortijo en el que se produjo un tiroteo en el que resultó muerto un joven de 29 años y otro, de 25, fue herido en una pierna.

Medidas de seguridad

Más adelante, la Fiscalía destaca en su memoria cómo las plantaciones se encuentran con "múltiples medidas de seguridad" y pone como ejemplo el refuerzo de vallado perimetral, sensores de movimientos y cámaras de visión nocturna, sistemas de videovigilancia. 

De nuevo, la Fiscalía no hace mención expresa a la provincia en su memoria anual, pero un rápido vistazo a la hemeroteca permite comprobar cómo Granada no está libre de esta problemática. De esta forma, el junio de 2022, la Guardia Civil, dentro de la operación Cortycarre, detuvo a varias personas como presuntos autores de un delito de cultivo y elaboración de droga, de defraudación de fluido eléctrico y, de nuevo, por tenencia ilícita de armas.

Lo llamativo de este caso es que el lugar donde se encontraba ubicado el centro de producción de marihuana contaba con un sistema de videovigilancia y sus responsables disponían de un equipo de transmisiones para comunicarse.

También el verano de 2022, la Policía Nacional adscrita a la comisaría de Motril, desmanteló una plantación instalada en un semiremolque en Alhendín, el cual estaba protegido por un sistema de videovigilancia.

En un sentido algo diferente, pero también vinculado con las nuevas tecnologías, la Guardia Civil detuvo el pasado 15 de septiembre, a un investigado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública cuando utilizaba un dron para colar droga y móviles en el centro penitenciario de Albolote.

Fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press señalaron que la operación, que propició esta detención en el entorno del embalse del Cubillas, sigue abierta por lo que no se descartan más detenciones dentro de lo que es supuestamente un grupo organizado.

Tres asesinatos por presuntos ajustes de cuentas en Andalucía 

El pasado año se produjeron tres asesinatos en Andalucía, en lo que parecen ser ajustes de cuentas en Cádiz, Sevilla y Málaga, todas ellas relacionadas con el tráfico de hachís, además de dos secuestros frustrados a narcotraficantes ideados por organizaciones rivales.

En Cádiz, durante 2022 se vivieron momentos muy tensos en la desembocadura del Guadalquivir. La mayor presión policial en el Campo de Gibraltar, que se notó desde la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad –posteriormente ampliado a otras provincias– hizo que en algunas operaciones se destaparan auténticos arsenales con armas como los AK-47, los clásicos Kalashnikov de fabricación rusa. 

Policía Nacional y Guardia Civil recuerdan que en algunos operativos han sido recibidos a balazos sin mediar palabra, y que los narcotraficantes cada vez son más violentos a la hora de defender sus guarderías, sus alijos y sus plantaciones de marihuana. Precisamente tras el auge del cultivo de esta droga puede estar otro de los motivos que la Fiscalía encuentra para que los agentes se topen cada vez con armamento más pesado.

Por otro lado, la Fiscalía Superior también destaca en su memoria la cada vez mayor internacionalización de la delincuencia en este ámbito que hace que la lucha contra el tráfico de drogas requiera de una mayor colaboración entre los estados.

Merece también la pena destacar, a juicio de la Fiscalía, las dificultades para llevar a cabo las investigaciones contra estas organizaciones por la sofisticación de sus medios para evitar la detección de sus actividades, desde inhibidores, localizadores de balizas o visores nocturnos a sistemas encriptados de comunicación.