La Unidad de Policía Nacional Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) lleva meses investigando si detrás de la Asociación Infancia Libre existe una trama de madres que han evitado 'a toda costa' que sus hijos tengan contacto con sus progenitores. Este caso, que saltó a principios de abril, ha dejado hasta el momento a cuatro mujeres investigadas por desobediencia judicial y sustracción de menores, la última, ayer en Granada y una vinculación aún mayor con esta ciudad. Y es que estas madres se habrían valido de informes de determinados especialistas del área sanitaria, dos psicólogos y una pediatra, dos de ellos de un lugar en el que ya existe una sensibilidad especial a este tipo de casos: la ciudad de Juana Rivas.

Del 22 de agosto de 2017 al 18 de junio de 2019 van 665 días. Un total de 95 semanas separan la imagen de la madre maracenera saliendo de los Juzgados de Caleta, tras declarar en el de Instrucción número 9 después de haberse fugado con sus hijos y haber hecho caso omiso a las requisitorias judiciales, y la de la vicepresidenta de Infancia Libre que, ayer, se personó en el mismo juzgado por una situación similar: investigada por dos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y sustracción de menores.

Tal y como confirmaron fuentes de la Policía Nacional a Granada Hoy, una unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) se ha desplazó hasta la capital granadina para realizar la detención en caso de que la mujer no se presentara ante el requerimiento judicial. Si bien, pese a que las citadas fuentes policiales afirmaban que la mujer habría sido detenida, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) matizaron que la detención como tal no se produjo, ya que la mujer "estaba citada bajo apercibimiento de detención" y al presentarse, no tuvo que efectuarse la misma.

Según pudo saber este diario, la vicepresidenta había denunciado a su expareja por presunto abuso sexual a la hija que ambos comparten, de ocho años de edad, y pese a que tenía la custodia de la menor, llevaba cinco años incumpliendo el régimen de visitas del progenitor.

Ante ello, su expareja interpuso una querella contra esta mujer por lo que había sido citada judicialmente la vicepresidenta de la asociación. En el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, donde de momento se lleva esta causa, tras lo que el magistrado acordó como medida cautelar dar la guarda y custodia a una hermana del progenitor –tía de la menor–, hasta que el Juzgado de Familia finalmente decida sobre esta cuestión.

Sin embargo, esta es sólo una de las cuatro mujeres relacionadas con este caso que hasta ahora han sido investigadas, entre ellas, la presidenta de la asociación cuyo arresto se produjo a finales de marzo en Cuenca, tras ser reclamada por un presunto delito de sustracción de menores, ya que tenía a su hijo, de once años, retenido, sin escolarizar y sin contacto con el exterior.

Tras ella, se arrestó en La Cabrera (Madrid) a una segunda madre vinculada a la asociación por fugarse con su hija de diez años e impedir que el padre la viese desde febrero del 2017; mientras que después, fue una tercera madre la que fue detenida por hechos similares con su hija de once años.

La Policía investiga si se trata de una trama para evitar que los padres vean a los menores

Pese a que las detenciones se produjeron en otros puntos del país la conexión con Granada era evidente: previamente las madres, tras divorciarse de sus exparejas, las habrían denunciado por maltrato o abusos a los menores que después fueron desestimados por la Justicia y, para ello, se valían de informes médicos que lo avalaban, los cuales realizaban dos facultativas granadinas.

En concreto, se trata de una pediatra cuya consulta radica en el centro de salud Las Flores de Granada y que atendió a los hijos de al menos dos de las cuatro investigadas hasta el momento; así como de una psicóloga de la Unidad de Salud Mental-Infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Ambas, tras saltar este polémico caso a los medios de comunicación, emitieron un comunicado negando relación alguna con la asociación y declarando que los informes se habían realizado por protocolos y criterios técnicos-científicos, bajo amparo de la actual normativa.

Sin embargo, este asunto va más allá, y es que en Granada radica la Plataforma de Padres Afectados por la trama Infancia Libre, formada por ocho progenitores y dos abuelas a los que se les prohíbe ver a los menores por parte de la madre, y con la que ayer contactó este diario.

"En la plataforma hay padres que llevan hasta cuatro años y medio el que más, y seis meses el que menos", afirmaron desde la misma, a la par que aseguraban que lo que defienden es "la custodia compartida, poder hacernos cargo de nuestros hijos".

Asimismo, desde esta plataforma explicaron que están preparando una demanda colectiva a la que se unirá la expareja de la mujer investigada ayer en Granada, el cual "llevaba cinco años sin ver a su hija". Tal y como afirmaron, "miramos por el interés de los niños por lo que ahora la tía de la menor es la que ha recogido a la menor, ya que, que la niña vea a su padre tras tanto tiempo, puede suponerle un choque".

Ante ello, consideran que "tiene que recuperar la relación poco a poco. Es de sentido común porque hay que trabajar esa confianza de nuevo, por eso tenemos contratado un equipo de psicólogos que están haciendo esa recomendación porque todo está orientado al interés superior del menor".

Si bien, desde la plataforma indicaron que "sí que vamos a pedir a todas las madres orden de alejamiento de seis meses, ya que los psicólogos recomiendan en estos casos que se rompa el contacto con ella hasta que se recupere esa normalidad con el padre, pues los menores llevan escuchando mucho tiempo que su padre es e demonio".

Tras ello, lo que solicitarán es "que los contactos sean en puntos de encuentro y tutelados, hasta que se recupere la relación con el padre, ya que nuestra filosofía es que los menores tengan contacto con su padre y con su madre".