Como cada día, los 43 promotores de empleo de la provincia se presentarán mañana en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en las que desempeñan su labor desde abril de 2011. La diferencia es que esta vez no lo harán para asesorar a los desempleados granadinos, sino para exigir formalmente su carta de despido, después de que el pasado viernes la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo les comunicara su "cese" pocas horas antes de que finalizara su jornada laboral y seis meses antes de que se extinguiera oficialmente su contrato, con fecha hasta el 31 de diciembre de 2012.

Los despidos de los promotores de empleo, que se han producido en toda la comunidad autónoma (donde hay 413 afectados), llegan después de que el pleno del Congreso de los Diputados rechazara diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios contra la disposición final decimocuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece que los promotores de empleo "realizarán su actividad en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012".

Esta es la explicación que el colectivo ha recibido por parte de la Consejería, que aseguraba en una carta remitida por correo electrónico a los promotores el mismo viernes por la tarde que, "al cesar la cobertura normativa y presupuestaria, se extinguen los contratos que hasta la fecha habían unido a los 413 promotores de empleo del SAE, y anticipa sorpresivamente la extinción de estos contratos, que, debiendo haberse extinguido el 31 de diciembre de 2012, pasan a extinguirse ahora el 30 de junio de 2012".

Sin embargo, los propios promotores no lo ven tan claro. Porque sí, es cierto que el Gobierno central deja de asumir la financiación de las políticas de empleo y el pago a los promotores, pero, a su juicio, existen otras muchas alternativas al despido de trabajadores públicos. Silvia Palomino, una de las promotoras de empleo de la provincia, explica que la modificación presupuestaria del Estado no es excusa para que "un Gobierno de izquierdas como el de Andalucía permita el desmantelamiento de los servicios públicos" y el despido de profesionales que en algunos casos tienen una carrera de "más de 20 años" y que son "pioneros en las políticas activas de empleo".

Palomino explica que, desde que se hizo pública la medida del Gobierno central, el colectivo de promotores de empleo de Andalucía ha tocado todas las puertas posibles para buscar alternativas y, sobre todo, "voluntad política" para defender al sector. Las visitas a los sindicatos y a los partidos políticos y el encuentro con el vicepresidente del Parlamento Andaluz, Ignacio García, finalmente no han servido para mucho, con lo que se pone en peligro un servicio básico que ahora es más necesario que nunca.

La promotora de empleo granadina asegura que la excusa de que "no hay dinero" no sirve, puesto que "sí que lo hay para otros colectivos". Los promotores consideran que, antes de recurrir al despido de personal laboral, la Junta de Andalucía debería haber estudiado la posibilidad "de rebajar más el sueldo de los políticos, de acabar con la administración paralela o de reducir los gastos superfluos". De buscar alternativas, en definitiva, como se ha hecho en otras comunidades como Extremadura. En lugar de eso, los promotores han sido despedidos "de manera vergonzosa, con nocturnidad y alevosía, diciéndonos que el lunes no vengamos a trabajar", asegura Silvia Palomino. De hecho, tras la comunicación verbal y sin preaviso del cese de los contratos, los trabajadores granadinos comenzaron a recibir un burofax el viernes por la tarde y ayer por la mañana. "Es un trato vejatorio", indicó Palomino.

En la carta remitida por la Consejería de Economía -titulada "Comunicación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre nueva contratación temporal de los 413 promotores de empleo"-, la administración deja abierta una posibilidad de la que ya habló el consejero en el Parlamento. El Gobierno andaluz se compromete a "tramitar y concretar antes del 20 de julio y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias", nuevos contratos a tiempo parcial y con una duración de tres meses con los 413 promotores de empleo, "al objeto de posibilitar que el Gobierno de España reconsidere la merma de recursos para las políticas activas de empleo".

Sólo el tiempo dirá si finalmente los promotores de empleo recuperan, aunque sea por tres meses, su trabajo. Sin embargo, UGT recuerda que no son los únicos trabajadores afectados, ya que ayer también cesaron los 120 agentes locales de empleo (alpes), cuyo contrato finalizaba el 30 de junio, y también "se verán truncada" la actividad de los 4 orientadores de empleo del Marquesado y la Alpujarra.

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