El caso Nazarí ya media su sexto año de instrucción judicial. La macrocausa que arrancó con la gran operación policial de detención y registro de 15 personas en Granada, entre ellas el entonces alcalde, José Torres Hurtado, por supuesta corrupción, podría tener ya sus días contados, dado que el plazo legal para este tipo de asuntos complejos está a punto de cumplirse o ha sido ya superado, según las versiones de las partes. Algunas defensas han llegado a pedir la nulidad de algunas diligencias por esa supuesta caducidad.

Los plazos fijados para la instrucción están en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El límite salió adelante en año 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP y en 2020, el nuevo Ejecutivo socialista introdujo un cambio, aumentando de seis meses a un año el plazo máximo de la investigación, aunque con la posibilidad de establecer prórrogas de seis meses en caso de que no se pudiera finalizar la investigación en el tiempo establecido. Una sentencia reciente del Supremo recuerda que esos plazos no son de carácter “voluntarista” o subsanables, sino que son de “obligado cumplimiento”. 

En el caso Nazarí, se han ampliado esos plazos en sucesivas ocasiones y ya en 2019 la Audiencia Provincial de Granada se pronunció al respecto al hilo de un recurso. En aquel momento estableció que la fecha límite para finalizar la instrucción de esta macrocausa sería el 23 de junio de 2020. La defensa de la exconcejal Isabel Nieto o el técnico Manuel Lorente, se acoge a esta fecha para reclamar la nulidad de algunas de las diligencias que se han ordenado o practicado desde entonces. 

De otro lado, hay que contar con el estado de alarma de 2020, que paralizó los plazos y que podría llevar ese límite temporal hasta el 28 de julio de este 2021. Por la proximidad de esta fecha, la jueza instructora de la causa, María Ángeles Jiménez Muñoz, acaba de dictar una providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que manifiesten "lo que a su derecho convenga sobre la ampliación del plazo de instrucción". 

El letrado de Nieto, Ernesto Osuna, se opone frontalmente a cualquier ampliación porque, su juicio, "no resulta razonable acordar una prórroga automática de la instrucción de doce meses sin tener en cuenta las concretas circunstancias de este caso. Ya se ha acordado un plazo máximo de la instrucción con arreglo al antiguo artículo 324 y se trata de resolución firme".

Para esta defensa, la instrucción ya se encuentra agotada y ha cumplido con sus fines". El dictado de una posible prórroga "constituiría una dilación indebida que debe considerarse, dado el tenor del auto de la Audiencia Provincial de Granada (antes mencionado), muy cualificada, y además, determinar la nulidad de lo acordado con posterioridad".

Adicionalmente, esta defensa sostiene que ha lugar una "nulidad por infringir el derecho de los investigados a que su causa sea vista en un plazo razonable, lo que teniendo en cuenta que este auto que citamos se dictó ya hace más de dos años, quedaría definitivamente lesionado tal derecho".

Otro factor importante respecto a los plazos de este caso es la división en piezas separadas, porque la Fiscalía ya se pronunció antes de la parálisis de la pandemia sobre la posibilidad de aplicar nuevas prórrogas de complejidad en cada pieza, con independencia de los plazos de la causa principal.

En estos momentos, ya haya varias piezas archivadas, una recurrida al Tribunal Supremo y otra, la del piso del exalcalde, en vías de celebración de juicio oral en un juzgado de lo Penal de Granada. 

La pieza que lleva un proceso más largo y sobre la que este año se han estado practicando nuevas diligencias es la del caso Mulhacén, sobre los restaurantes y el pabellón construidos en el Zaidín en una parcela municipal de uso deportivo. Hace escasas jornadas que estaba citada la exconcejal Telesfora Ruiz para declarar, por un fallo de grabación que se produjo en su anterior comparecencia a primeros de año. 

La posición expuesta ahora por la defensa de Nieto y Lorente podría dar lugar a la petición de nulidad de todas estas últimas diligencias o declaraciones practicadas durante el último año.