Ya sea como acusación particular o popular en los juzgados, o en calidad de ciudadano que reclama información ante las administraciones, Ramón Arenas Guerrero se ha convertido para muchos políticos, funcionarios y empresarios de la ciudad en una figura muy incómoda que tratan de evitar a toda costa. Tanto es así que hasta la Audiencia Provincial ha tenido que intervenir en alguna ocasión para ratificar su legitimidad para seguir personado en las causas judiciales abiertas.

Con la formación ahora de piezas separadas en el caso Nazarí, la cuestión sobre la legitimidad de esta acusación vuelve a estar sobre la mesa, a petición de algunas defensas. Pero la fiscal y la jueza ya se han pronunciado a su favor, al entender que como acusación popular “cualquier ciudadano español” tiene derecho a “personarse en un proceso judicial penal”. Sobre todo al tratarse del tipo de delitos perseguidos en esta causa de supuesta corrupción.

En el año 2015, después de resultar frustrado su proyecto en una parcela del Zaidín que compró al Ayuntamiento, este empresario granadino dejó a un lado su labor profesional para dedicarse en cuerpo y alma a denunciar una serie de supuestas corruptelas y tratos de favor que a su juicio se estaban dando en el Consistorio de la capital. Se dirigió a la Fiscalía y sembró la semilla de lo que unos meses más tarde estallaría como la mayor crisis judicial y política de esta ciudad: la Operación Nazarí. Y con ella la dimisión del alcalde José Torres Hurtado, la división interna del Partido Popular y la moción de censura que puso al socialista Paco Cuenca en la Alcaldía.

En ese momento Ramón Arenas no optó por levantar el pie del acelerador; al contrario, se implicó en la investigación judicial como parte acusadora en la causa y ha llevado a los tribunales otras denuncias. Entre ellas está la venta de casa Agreda, que es otra de las causas abiertas contra Torres Hurtado y otros cargos municipales.

Ramón Arenas Guerrero

En los tres años de investigación del caso Nazarí ha aportado al Juzgado maletas enteras de documentos, muchos de ellos recabados por él en redes públicas o a través de tediosas peticiones administrativas que no siempre son acogidas con el mayor agrado por parte de los políticos y funcionarios de las administraciones apeladas.

Un ejemplo de esto es la queja que acaba de registrar en el Ayuntamiento –dirigida al nuevo alcalde, Luis Salvador, y a todos los grupos políticos– por la última respuesta recibida de Urbanismo. Arenas pidió este verano información sobre si el monolito publicitario del McDonalds del Zaidín tenía licencia y la contestación del funcionario ha consistido en decirle que si quiere saber algo al respecto tiene que pagar las fotocopias de un enorme expediente, con el desglose de las cientos de páginas y planos que están incluidas. Un cálculo aproximado estaría cercano a los 300 euros de coste para este ciudadano para consultar la legalidad de una instalación ubicada junto a su parcela.

Ramón Arenas, además de denunciar la operación urbanística del Pabellón Mulhacén, que le afecta directamente, alega que pretende perseguir cualquier actividad sospechosa de la supuesta “trama” corrupta. Y por eso, una vez fraccionado el caso Nazarí en piezas, no ha dejado de pedir su personación como acusación, incluso en los asuntos que no le conciernen directamente.

Y no solo se persona, sino que percute contra los investigados con la petición a la jueza de nuevas diligencias, declaraciones e incluso una lista más larga de personas imputadas.

Imagen del sumario de José Julián y Lorente en un restaurante.

La defensa de varios de los principales investigados, como Isabel Nieto o Manuel Lorente, demanda que Arenas sea apartado de estas piezas separadas del caso Nazarí por no ser afectado directo en los asuntos que se investigan.

La Fiscalía redactó un informe este verano en el que defendía que se mantuviera la personación de Arenas en calidad de acusación popular, aunque no particular. El argumento, compartido después por la jueza de instrucción en un auto al que ha tenido acceso este periódico, es que el tipo de delitos que se investigan en este caso (prevaricación, contra la ordenación del territorio...) son “infracciones contra un bien jurídico de carácter colectivo”. Por eso, no puede haber una acusación particular que resulte perjudicada directamente, pero sí está abierta la puerta a que cualquier ciudadano pueda ejercer la acusación popular. La fiscal cita la jurisprudencia del Supremo y la jueza se refiere también a la Constitución para defender que no sólo tendría derecho a desempeñar ese papel, sino que además hay que “procurar su ejercicio”.

Ramón Arenas ha sido durante décadas uno de los empresarios más conocidos de esta ciudad, con cargos relevantes en Profitegra o la Confederación Granadina de Empresarios.