En el transcurso de la investigación de la pieza más nuclear del caso Nazarí, sobre la construcción de restaurantes junto al pabellón Mulhacén en un suelo público destinado a uso deportivo en el barrio del Zaidín, se ha suscitado una cuestión colateral que podría tener una enorme trascendencia futura, que es el papel del Ayuntamiento de Granada en la causa. La fiscal acaba de posicionarse a favor de considerar a esta institución solamente como posible perjudicada, pues a su juicio "existen indicios de grave perjuicio a la ciudad a consecuencia de los delitos que son objeto de investigación". 

La otra posibilidad ya admitida por la jueza en un auto que ha sido recurrido es que el Ayuntamiento esté personado también como responsable civil subsidiario, alineado con las defensas. Esto implica que en caso de quedar demostrado al final que los políticos y funcionarios imputados hubieran cometido alguno de los delitos bajo sospecha, sería la institución pública la que respaldaría cualquier posible indemnización económica que correspondiera.

La fiscal se opone rotundamente a esta posibilidad al considerar que la ciudad, al menos en esta pieza (no opina lo mismo sobre otras del mismo caso Nazarí), es sólo posible perjudicada por los delitos investigados y por tanto debería de ocupar la posición procesal exclusiva de acusación. 

"Son intereses públicos los que se estiman perjudicados por los delitos objeto de investigación", explica la fiscal y detalla algunos de ellos, como el fraude en la contratación o la malversación de caudales públicos, imputados por el momento a políticos y funcionarios del anterior gobierno del PP, con José Torres Hurtado a la cabeza. 

La fiscal del caso Nazarí: "Existen indicios de grave perjuicio a la ciudad"

La parcela municipal que es objeto del procedimiento es un equipamiento comunitario con uso pormenorizado deportivo y "tiene la naturaleza de bien de dominio público destinado a un servicio público", según recuerda la fiscal Sara Muñoz-Cobo en su informe firmado el 3 de mayo y remitido al juzgado. La "posibilidad de utilización o uso privativo por los particulares", como ha ocurrido en parte de ese espacio destinado a restauración (conocido por la instalación allí del McDonalds y otros locales), requiere un procedimiento tramitado por los antiguos responsables municipales cuya legalidad está en tela de juicio. 

"Existe un interés lesionado que es el que representa el Ayuntamiento de Granada personado como perjudicado", enfatiza la fiscal en su informe para pedir a la jueza de instrucción que lleva la causa que deje sin efecto el auto en el que confirmaba al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario por los posibles daños a terceros, como el denunciante original del caso, el empresario Ramón Arenas, propietario de una parcela colindante. 

La fiscal considera que esa posible "estafa inmobiliaria" denunciada por el empresario vecino, que también adquirió la parcela del Ayuntamiento, no forma parte del núcleo de la querella fiscal y sus imputaciones a los investigados, pero deja este asunto a expensas de lo que la jueza pueda determinar al final de la fase de instrucción, dado que sí apreció "indicios suficientes" para la investigación de esos hechos, por los que el denunciante reclama responsabilidades económicas.