Apenas cinco días desde las elecciones, y el futuro se recrudece, se baña de incertidumbre. Un futuro tensionado por quienes adornados de un barniz de desproporcionada irresponsabilidad, posan frente a una sociedad que no cree en bizantinas discusiones y que comienza a odiar a determinados medios que, amparando estrategias políticas a cambio de un futuro económico inmediato, son de todo menos comunicación. Huelga entonces hablar de lealtad, huelga hablar de responsabilidad, huelga hablar de defensa, de protección de derechos y libertades.

Una muestra. Que le digan a los camioneros dónde se encontraba el Estado español esta semana, dónde su protección policial, dónde la lealtad, dónde la responsabilidad, dónde la defensa y protección que reclamaban de sus derechos. Nadie. No vino nadie. Bueno sí. La policía francesa, con la contundencia adecuada, al otro lado de la barrera. ¿Es el suelo francés distinto del español? ¿Qué norma impide actuar a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles? ¿Dónde estaba nuestro gobierno?

El pasado sábado (gobierno en funciones), Pedro Sánchez vendió su imagen de responsabilidad de estado frente al independentismo por un puñado de votos de centro. Superadas elecciones, martes, miércoles, y jueves responden a otro encuadre y estrategia. Viran rumbo hacia la izquierda radical en un proyectado pacto político de gobernabilidad. Sería imposible obtener la abstención del nacionalismo catalán, si las conversaciones se mediatizan bajo una más que legítima intervención de las fuerzas de seguridad en carreteras catalanas. En esa ponderación de realidades, pierden los camioneros…

Al final se saldrán con la suya quienes incitan al odio entre territorios. Se envalentonarán. La violencia y el daño presidirán con mayor rotundidad sus actuaciones. El Tribunal Constitucional ya ha cursado la desobediencia del Parlamento catalán. ¿Y ahora qué? Los camiones aún en la frontera. ¿Y ahora qué? Los ciudadanos españoles, salvo quienes apoyan el proceso independentista, no pueden vivir pacíficamente en Cataluña. ¿Y ahora qué?

España no precisa de pactos políticos de gobernabilidad a toda costa. Y menos aún, aquellos que ennegrecen su futuro inmediato. Los ciudadanos somos conscientes de la inhabilidad e incompetencia actual para asumir responsabilidades de estado. Tienen armas legales, están legitimados para usarlas. Pero no lo hacen. Y les da igual conducir al país a esta imagen de descrédito internacional, de un estado agredido por grupos organizados, de una población asustada un día sí y otro también. La imagen del miedo e inseguridad ciudadana ante la falta de una adecuada reacción en defensa de la libertad ciudadana. La imagen de un gobierno que desprecia cuarenta años de democracia y Constitución y las pone en bandeja a una izquierda radical y un transgresor y violento nacionalismo.

Pertenecer a un estado democrático no deslegitima el uso preciso de la fuerza para reprimir episodios que ponen en peligro nuestro sistema político. Esperemos despertar antes de que nadie pueda poner remedio. Nuestra propia historia como país debe propiciar esa reacción. Un joven que se llamaba Albert lo defendió. Y los españoles nos identificamos con aquel inexperto muchacho que decía verdades como puños.

Los demás, llegamos tarde.