Desde la crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de familias han sido desahuciadas de sus viviendas. Gracias al movimiento Stop Desahucios, heredero directo del 15-M, la sociedad reaccionó ante este incumplimiento flagrante del artículo 47 de la Constitución Española.

Sin embargo, el daño infringido a las personas desahuciadas es incalculable, no sólo en su patrimonio si no sobre todo en su integridad física y moral. Este proceso que forma parte de la historia más oscura de nuestro país nos ha dejado casos espeluznantes como familias con menores o personas ancianas a las que dejaban literalmente tiradas en la calle. Todavía recuerdo con rabia el caso de una madre y su hijo a quienes despojaron de todo, no les dejaron recoger ni siquiera los juguetes del niño o las fotos familiares. Su testimonio como tantos otros parece el de las víctimas de una guerra colonial, como si una potencia extranjera hubiera invadido nuestros pueblos y nuestros barrios. Pero los desahucios eran orquestados por bancos y gobiernos que se reclamaban genuinamente europeos y españoles. En aquellos años el millonario norteamericano Warren Buffet confirmaba que efectivamente se trata de una guerra (de clases) pero que los ricos la están ganando.

En las últimas décadas la escasez creciente de recursos naturales y la incapacidad manifiesta del sistema capitalista para mejorar su productividad está aumentado la intensidad de esta guerra. El despojo es la principal y casi única forma para que las élites puedan seguir acumulando riqueza. Se trata de lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. Igual que el expolio de los recursos naturales de los pueblos del sur global, los desahucios constituyen un ejemplo claro de cómo unos pocos incrementan exponencialmente su patrimonio a costa de desposeer a miles de personas.

Los cientos de casos de corrupción urbanística y el crecimiento urbano que generaron la burbuja inmobiliaria también siguen el patrón de acumulación por desposesión. Las propias viviendas, los espacios públicos, los paisajes, o los suelos fértiles, entre otros bienes comunes de nuestra sociedad han sido privatizados, destruidos o saqueados para que unos pocos sigan acumulando cada vez más beneficios. Por eso son tan importantes los juicios contra la corrupción urbanística como el del caso Serrallo que actualmente se celebra en Granada. No se trata sólo de que se haga cumplir la ley y de que los gobernantes y sus partidos devuelvan lo que se han llevado, se trata también de que restituyan nuestros bienes comunes y que paguen por el daño infligido a las víctimas.