El Parlamento de Andalucía ha aprobado el acuerdo transaccional para el pago de 8,67 millones de euros para resolver el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autovía Iznalloz-Darro (A-308), que fue la primera de las obras de colaboración público-privada desarrolladas por los anteriores gestores de la Junta para la construcción de autovías y que nunca se ejecutó. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado la falta de diligencia de los anteriores gobiernos para resolver un contrato que pudo ser objeto de una reclamación millonaria, y ha defendido el papel del Gobierno de Juanma Moreno para "resolver este entuerto y pagar la factura de una obra fantasma".

Rocío Díaz ha cuestionado el historial de esta autovía "cuya construcción iba a dar comienzo en 2012, pero nunca llegó a materializarse. Hay testimonios gráficos de la antigua consejera de Obras Públicas colocando la primera piedra de la futura autovía, pero las obras ni se iniciaron ni tampoco se llegó a formalizar el cierre financiero", ha repasado, no sin antes recordar que se vendió como una actuación con una inversión de más de 180 millones de euros y más de 2.600 puestos de trabajo.

La consejera de Fomento ha hecho hincapié en la "incertidumbre vertida en el proyecto por los propios responsables del Gobierno andaluz de aquel entonces", que mostraron públicamente su disposición a una resolución o suspensión del contrato. Estas declaraciones, ha indicado Rocío Díaz, fueron los que sirvieran de base a la UTE concesionaria para justificar que no presentara, entre otra documentación, el Plan Económico-Financiero, necesarios para la ejecución de la obra, ya que no contaba con el apoyo de las entidades financieras.

Asimismo, ha echado en falta que, pese al anuncio de resolución, los dirigentes de las administraciones anteriores no resolvieran el contrato durante los años posteriores a la paralización de las obras. Esta falta de diligencia, ha relatado, abrió la puerta a futuras reclamaciones, como la que presentó la UTE adjudicataria "un día después de las elecciones autonómicas que permitieron a Juanma Moreno ser presidente de la Junta", con una solicitud de indemnización por daños y perjuicios de 87,2 millones de euros.

El expediente de resolución no se inició hasta octubre de 2020, ya con el Gobierno de Juanma Moreno, que acordó el archivo de las diligencias y evitar así la judicialización. Posteriormente se alcanzó un acuerdo transaccional para abonar al concesionario 8,67 millones de euros en concepto de gastos incurridos, evitando así la indemnización millonaria que reclamaba, prácticamente diez veces más.

El pago acordado, que incluye la actualización conforme al IPC, cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, la conformidad previa del contratista y la autorización del Consejo de Gobierno. La Agencia de Obra Pública devolverá el aval depositado en su día por el concesionario para la formalización del contrato.

La consejera ha insistido en que se "ha evitado la judicialización del conflicto, con la consiguiente dilación hasta la sentencia firme y el abono adicional de intereses de demora, además del pago de una indemnización millonaria que habríamos tenido que afrontar como ha sucedido en las sentencias de otras obras de la etapa socialista". En esa lista, Rocío Díaz ha recordado los 165 millones de euros pagados desembolsados para hacer frente a los sobrecostes de la obra del Metro de Sevilla, de los que 37,8 millones fueron sólo en concepto de intereses.

Por último, ha aprovechado su intervención en el Parlamento andaluz para recordar que, además de resolver el contrato, se trabaja en alternativas de mejora en la A-308, la carretera Iznalloz-Darro. La Consejería de Fomento está redactando los proyectos que permitirán para aumentar la capacidad de la actual carretera Iznalloz-Darro con un modelo 2+1 que se desarrollará como paso previo a su conversión en autovía.