QUÉ pena lo que está sucediendo esta semana para la industria y la minería sevillanas. Al desgraciado accidente del A400M se ha sumado la repercusión mediática y política de un auto judicial resultante de la demanda interpuesta hace casi tres meses por la empresa que no resultó adjudicataria del concurso de concesión del yacimiento de Aznalcóllar. Las circunstancias políticas, además, son las peores posibles. Los partidos de la oposición se han encontrado de regalo con un argumento muy útil para no facilitar la investidura, ya que les exime de la búsqueda de acuerdos que permitan formar gobierno.

Los titulares, como quizá es inevitable, tienden a ser imprecisos o carentes de matiz, personalizando en la presidenta en funciones la decisión de adjudicación, como si la docena de técnicos de la Junta que han estudiado y valorado los proyectos estuvieran a las órdenes de San Telmo y no de su propia responsabilidad profesional. A mí, por ser absolutamente sincero, me resulta imposible de creer que técnicos de tres consejerías, que han examinado las propuestas trabajando en equipo, hayan podido ser influidos hasta el extremo de emitir una puntuación contraria a la que les dictasen sus conocimientos técnicos, siendo además el objetivo compartido el de la reapertura de la mina con el soporte de un buen proyecto y con el debido respaldo económico, que eran las condiciones a considerar y no quién resultase adjudicatario. Y también me resulta muy difícil de creer un comportamiento similar de los dos altos directivos ahora cuestionados, que además no han participado en la valoración. El éxito político, como lo fue el propósito de reapertura, ha sido el hecho de convocar el concurso y atraer a dos concursantes, y el remate habría sido el inicio de los trabajos, no que el adjudicatario fuera local. Nada político había que ganar con ello, quizá todo lo contrario.

Es comprensible que el no adjudicatario haya sentido perjudicados sus intereses y haya actuado en su defensa. Lo que no comprendo es la razón para utilizar una demanda penal cuando el pliego de condiciones establecía la posibilidad de acudir a un arbitraje independiente. La ley de Arbitraje es óptima para un caso como este y es el ámbito natural para dirimir las diferencias que hubiere. Tres árbitros, por ejemplo, habrían tenido acceso a los proyectos y a las pautas de valoración de los técnicos funcionarios, habrían estudiado las diferentes soluciones técnicas propuestas -y son bien diferentes-, que es el verdadero núcleo del concurso, y no creo que hubieran perdido el tiempo en comprobar que la compañía mexicana es uno de los principales mineros de cobre del mundo. Sus estados financieros son públicos, es una compañía cotizada, y si habían manifestado su compromiso con el proyecto si resultaban adjudicatarios habrían de cumplir con su palabra, como han hecho hace unos días con el pacto de accionistas con la empresa andaluza y la aportación de recursos económicos.

Muchos se han preguntado qué hacía una empresa andaluza no minera en este proyecto. La respuesta puede ser la pregunta contraria: ¿Y por qué no? Sólo necesitaban dos cosas: encargar un buen proyecto a un estudio de ingeniería competente, que es lo que han hecho, y atraer a un socio minero de alto perfil capaz de dar seguridad al adjudicador, que también es lo que han hecho. Obviamente, este socio minero habría de ser el operador del proyecto y el responsable de la inversión, con lo cual la empresa andaluza probablemente habría de reducir la participación accionarial que ahora ostente, lo cual es bastante frecuente. Seguramente, la empresa andaluza habrá utilizado en la negociación su carácter de socio local y conocedor de las instituciones -incluso cercano, si el lector lo prefiere- y es también posible que hayan hecho alarde de ello ante unos y otros. Y es también comprensible que un directivo de la Junta haya manifestado que no habría inconveniente si los concursantes llegaban a un acuerdo y al final había un solo postulante, en lugar de la competencia que a la Junta le habría agradado.

Pero nada de esto modifica en modo alguno lo sustantivo, los documentos, soluciones y propuestas presentadas y que han sido objeto de valoración. El pliego contemplaba cuatro dimensiones: económica, técnica, medioambiental y de compensaciones sociales, que han sido puntuadas de forma separada. Y aceptando, en la última dimensión, la promesa de gran inversión en desarrollo local que ofreció el no adjudicatario sin requerirle garantía. Ha bastado con su compromiso de hacerlo.

Los principales perjudicados de todo este asunto no son las compañías concursantes, éste no es un yacimiento de gran envergadura y hay mejores maneras de invertir dinero en minería. De hecho, Boliden dejó la operación de Los Frailes por los muy bajos precios del zinc y del plomo, frente a la inversión que requería la continuación de la explotación. Se ha hecho interesante ahora no sólo por los mejores precios, sino también por las expectativas de poder beneficiar el cobre, gracias a la mayor selectividad que ofrece una explotación de interior. Lo cual, por cierto, conlleva que no sea necesaria una balsa de residuos similar a la accidentada en 1998.

Los grandes perjudicados son las personas de Aznalcóllar que tenían esperanza en volver a tener pronto un puesto de trabajo, -el empleo minero es ese empleo "estable y de calidad" que tanto se reclama-, ya que ni siquiera la intensa acción pública de apoyo a la diversificación ha conseguido grandes resultados. Y, además, estamos perjudicados todos los andaluces. Hay un daño muy serio a la reputación de la región como lugar atractivo para la inversión minera y no minera. En el mundo no son infrecuentes los desencuentros entre inversores y administraciones públicas, esto está aceptado, pero los mecanismos de resolución son los arbitrajes no los tribunales, esto es lo que no se comprenderá bien y de hecho ya hay repercusiones en prensa extranjera. Y, sin duda, los otros grandes perjudicados son los técnicos que han valorado un concurso que se podía anticipar polémico -fuese cual fuese el resultado- y que a ello han dedicado su mejor saber y su responsabilidad profesional.