La concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, ha informado este martes en comisión a los grupos municipales que su área está estudiando la modificación de ordenanzas fiscales después de que hace apenas un mes, en el pleno de septiembre, se aprobaran las ordenanzas para el próximo año de cara a los nuevos presupuestos. Un cambio que, según Pallarés, afectará, entre otras, a la tasa de basura, que subirán "obligados" por tener que pagar la capital 2,5 millones de euros más por el tratamiento de residuos debido al nuevo impuesto del Gobierno que entró en vigor este año, que cede a las comunidades autónomas y cuya factura se reclamará a través de la Diputación. 

Pallarés, a pregunta de la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, sobre la modificación de las ordenanzas fiscales que estudia Economía y que ha incluido en el informe del área de la Comisión mensual, del que se ha percatado este grupo municipal, ha dicho que esperan aprobar la modificación en noviembre aunque no quiere correr para estudiar bien la forma en la que repartirán ese incremento de la tasa entre la población. Pero lo que es claro es que habrá que subir esa tasa y por tanto el recibo del agua (donde viene dicha tasa) a la población general, que tendrá que afrontar esa subida ya que "el Ayuntamiento no tiene colchón" para afrontar esa cantidad "sobrevenida". "Cuanto más tarde la aprobemos, más tendrá que aportar el Ayuntamiento", ha dicho la concejal, de ahí el interés por tenerla para el próximo mes. 

En abril de 2022 se aprobó un nuevo impuesto especial sobre el tratamiento de los vertidos, que recaudarán las comunidades autónomas y que entró en vigor en enero de 2023 para fomentar el reciclaje. Al Ayuntamiento de Granada le afecta en un incremento de 2,5 millones por echar la basura al vertedero, un incremento que pasa por recibo la Diputación de Granada para este 2023. Para este incremento de 2023 ya no se puede contar con ese aumento de tasa y tendrá que afrontarlo el Ayuntamiento pero el de 2024 es el que se repercutirá a los ciudadanos.

"Es otra mochila más y tendremos que afrontarlo cuando Diputación lo repercuta. Como no se puede cobrar al ciudadano de forma retroactiva, en 2024 sí podremos plantear la repercusión al ciudadano, por lo que vamos a estudiar la ordenanza fiscal y modificarla con cierta urgencia pero no quiero precipitarme porque quiero ver bien el criterio de reparto, tenerlo claro para que no existan después recursos ciudadanos que sean contraproducentes para el Ayuntamiento", ha explicado la concejal. 

La concejal ha insistido en que es un gasto "sobrevenido" que dificulta además también la elaboración del próximo presupuesto. "En cualquier caso esa medida había que planteársela para 2025 porque obligatoriamente esa tributación tiene que recaer en el ciudadano. En 2025 todos los ayuntamientos tienen que tener modificada su ordenanza de la tasa adecuándola a este nuevo impuesto pero nos vemos obligados a adelantar la situación por la realidad económica del Ayuntamiento", ha aclarado la concejal.

La portavoz de Vox ha criticado lo que es un "nuevo tarifazo" del gobierno del PP a los ciudadanos y ha lamentado que se adelante un año esta subida para aplicarla en 2024. Además, Sánchez ha pedido al equipo de Gobierno que busque "fórmulas" para evitar que se siga aumentando la presión fiscal a los granadinos.

A este impuesto tienen que hacer frente los municipios de Granada. Fue creado por el Gobierno, cedido a las Comunidades y lo recauda la Diputación, que es la que gira los recibos a los ayuntamientos. La cantidad que paga cada ayuntamiento va en función de las toneladas de basura que cada municipio echa a la planta de tratamiento de residuos sin posibilidad de someterse a los circuitos de reciclaje.

El Pleno de la Diputación de Granada del pasado septiembre aprobó la recaudación de este tributo que facturan las empresas de los vertederos de Alhendín y Vélez de Benaudalla respecto al gasto de 2023. Para calcular cuánto tiene que pagar cada municipio se miden los residuos depositados en los seis primeros meses del año. Las sociedades privadas pasan la factura a la Diputación, que a su vez se encarga de repercutir el coste sobre cada municipio, incluyendo a los más pequeños. 

El gasto coge a contrapié a muchos de los ayuntamientos que no han tenido en cuenta este gasto en sus presupuestos. Esto afecta a los residuos cuyo tratamiento es inviable y que, por tanto, se mandan directamente a vertedero. Por eso es cada vez más importante que se gestione adecuadamente el reciclaje, desde la conciencia ciudadana hasta el último paso.