Los casi 100.000 euros que la Policía encontró en 2016 en una caja de seguridad del Banco Popular, en las oficinas y en el domicilio del empresario Roberto García Arrabal durante los registros del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, seguirán por el momento en la cuenta del Juzgado de Granada que dirige esta investigación. La jueza acaba de rechazar una nueva petición del investigado para que el dinero le sea devuelto, esta vez alegando que lo necesita para pagar los honorarios de sus abogados. 

El proceso es largo y además se le une otro caso ya juzgado, el del Serrallo, donde ha resultado condenado como cooperador necesario del delito de prevaricación administrativa. El resultado es que el empresario de la construcción García Arrabal lleva inmerso en estas investigaciones judiciales desde 2014. En abril de 2016, durante la conocida Operación Nazarí, en la que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) llevó a cabo decenas de registros en domicilios, despachos y oficinas municipales, fueron intervenidas cantidades económicas en metálico que presuntamente correspondían al promotor. 

Desde entonces hasta ahora, el empresario investigado ha solicitado varias veces a la jueza de instrucción, María Ángeles Jiménez Muñoz, la devolución de todo o parte de ese dinero retenido. La defensa de García Arrabal llegó a pedir una asignación de 2.500 euros mensuales para "subvenir a sus más elementales necesidades". Para ello puso como ejemplo el trato judicial recibido por el extesorero del PP Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. 

Tanto en aquella ocasión como en otras sucesivas y en otros intentos similares de otro de los empresarios investigados en el caso Nazarí, José Julián Romero, (que reclamó el dinero encontrado en la caja de fuerte de su dormitorio), la magistrada ha rechazado todas las iniciativas. Los dos promotores han coincidido de forma sistemática en alegar que el dinero hallado por la Policía en sus domicilios, y en este caso en su caja de seguridad, es en realidad de sus respectivas esposas, que nada tienen que ver en el caso judicial, además de asegurar la limpia procedencia del contante. La petición de Julián Romero llegó en apelación hasta la Audiencia Provincial, que rechazó también la devolución del efectivo. 

Desde finales del año pasado, García Arrabal reclama otra vez el dinero intervenido: 71.300 euros de su caja de seguridad en el banco, 15.940 euros de su vivienda familiar y 10.315 del despacho de la antigua sede de su empresa. De forma subsidiaria, el investigado pide que "se liberen bienes suficientes con el fin de atender los pagos de los profesionales que vienen manteniendo la defensa del Sr. García Arrabal, considerando esta parte prudente la cantidad de 60.000 euros".   

El empresario García Arrabal (izquierda), junto al exalcalde de Granada Torres Hurtado

Tras el rechazo inicial de la magistrada, el empresario ha recibido un nuevo auto desestimatorio esta semana a su recurso de reforma: "Los argumentos esgrimidos no son justificativos para la devolución de la cantidad intervenida puesto que tal cuantía queda circunscrita o vinculada a las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de los hechos delictivos que, presuntamente, se imputan" a Garcia Arrabal. 

La jueza se apoya en el informe remitido por la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, quien considera que ha de primar la posible obligación de reposición de los "perjuicios" a los intereses públicos y privados que se habrían producido a través de los hechos investigados.  

García Arrabal durante el juicio del caso Serrallo en 2020

Sobre el argumento de la necesidad del empresario de ese dinero para pagar los honorarios de sus abogados, la magistrada también lo rechaza porque "no ha quedado en ningún momento acreditado por la parte que los interesa. Tan solo argumenta una afirmación". La fiscal apuntaba en su informe al respecto que "los gastos de defensa no pueden anteponerse, en modo alguno, al pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del delito". 

El letrado de García Arrabal, por su parte, argumentaba que "es sabido el elevado coste económico que supone para el investigado enfrentarse a un proceso como el que nos ocupa, con una instrucción especialmente dilatada en el tiempo, con una innegable complejidad técnica y con una duración, en cuanto a la celebración del juicio oral se refiere, de varios meses", y en este punto hacía alusión al caso Serrallo, enjuiciado durante tres meses. 

Durante ese tiempo de juicio, "los letrados que intervienen no pueden acudir a otros señalamientos ni aceptar nuevos encargos toda vez que no se dispone de tiempo material para ello". Además, el destacado penalista de Granada César Fernández Bustos, explica que "un proceso de tal calibre exige no sólo la presencia del titular del despacho a quién se encomienda el trabajo sino también de otros miembros del despacho que han de colaborar en el estudio y preparación del complicado proceso". Es decir, que la participación de un equipo completo de profesionales ha resultado muy costosa y que el investigado no tiene dinero para pagarlo si no se le devuelve el dinero metálico intervenido en el caso Nazarí. 

Sobre la alusión de esta defensa a la supuesta propiedad del dinero de la esposa del empresario, la magistrada expone en su auto, fechado el 15 de marzo, que en ese caso, la persona legitimada para reclamarlo sería la propia perjudicada y no García Arrabal, que dice no ser el dueño del caudal.