Llevamos más de dos años y medio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado. Hace unos meses Casado ponía tres condiciones para la renovación: dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos, abandonar el proyecto de reforma del mecanismo de elección de los miembros del CGPJ presentado por el Gobierno y abrir a futuro una negociación para despolitizar la justicia. Superados los dos primeros escollos, ahora el PP aumenta la exigencia respecto al tercero: ya no se trata de abrir una negociación, sino de exigir una reforma de la ley para que los jueces se elijan a sí mismos.

Respecto de esta última condición, no podemos caer en el error de pensar que con ello el PP pretenden despolitizar la justicia. La continua obstaculización de la renovación constituye una prueba evidente de lo contrario. Todo parece indicar que la derecha intentará mantener esta situación de forma indefinida, a la espera de una reconfiguración en las fuerzas parlamentarias.

Pero es que, además, una reforma en el sentido propuesto por el PP implicaría la perdida del control democrático sobre una justicia en sí misma politizada. El propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, el conservador Carlos Lesmes, sostenía hace tres años que son las asociaciones judiciales las que "tienen la culpa de la politización de la Justicia", porque "representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos". Así que, teniendo en cuenta que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura es la mayoritaria, se entiende perfectamente que el PP quiera que sean los jueces los que decidan respecto a la renovación del CGPJ.

Si los jueces son mayoritariamente conservadores, debe haber mecanismos políticos y controles democráticos que aseguren una representación proporcional de la diversidad ideológica del pueblo en las instancias superiores del poder judicial. Creo que lo ideal, en pos de la estabilidad, es que tal renovación implique el acuerdo más amplio posible en el Congreso. Pero si el PP insiste en mantener, en beneficio propio, una situación que atenta contra el propio marco legal, el Gobierno cuenta con la legitimidad para modificar la ley y desbloquear una renovación que no admite más demora, como muestra la reciente sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual Baltasar Garzón fue inhabilitado de forma arbitraría cuando instruía el 'caso Gürtel'.