Una de las personas investigadas por el caso de supuesta corrupción y blanqueo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del entorno más cercano de Luis Rubiales, el granadino Ángel González Segura, ya estuvo en el punto de mira de la Policía hace más de cinco años por una denuncia del Granada CF, donde había trabajado antes del cambio de propietarios. La entidad rojiblanca aseguró que varios proveedores habían confesado el pago de comisiones ilícitas al antiguo director de Operaciones, Compras e Infraestructuras. 

Ángel González Segura es directivo de la empresa Gruconsa, especializada en la construcción de instalaciones deportivas. El caso Rubiales, que ayer estalló con la práctica de diversas detenciones y registros en Madrid, Granada, Sevilla y Torrox, ha puesto en el punto de mira a esta mercantil y los contratos como el de la obra del estadio de La Cartuja. Ángel es hermano de otro de los detenidos, el abogado granadino Pedro González Segura, que dirige el departamento legal de la RFEF. Ambos son parte del entorno más íntimo del expresidente Luis Rubiales desde hace muchos años y trabajaron en el Granada CF en la época del presidente Enrique Pina y el propietario Gino Pozzo. 

La denuncia del club granadino en 2018 fue archivada al poco tiempo por el Juzgado de Instrucción 7 de Granada, alegando que en aquel momento se encontraba en curso una investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre presunta corrupción en el Granada CF, en referencia al caso Líbero, con Quique Pina y Gino Pozzo, como principales encausados. Por tanto, los detalles aportados por el club granadino sobre el nombre de las empresas proveedoras y el porcentaje que supuestamente cobraba González Segura, no llegaron a tener recorrido judicial. 

La denuncia que el club granadino puso hace más de cinco años tuvo especial seguimiento mediático por otra de las cuestiones que la entidad reveló en el mismo escrito, que era la supuesta instalación de dispositivos de espionaje en el club que no estaban autorizados por los dirigentes de ese momento. Aquel asunto sí tuvo mayor interés mediático e incluso la Policía llegó a hacer una investigación y un informe al respecto. Todo acabó en el archivo judicial antes mencionado. 

Más allá de la parte relacionada con el presunto espionaje, que fue descartado por la Policía, la denuncia presentada por el entonces secretario del Consejo de Administración (cargo que antes tuvo Pedro González Segura) ante la Policía -a la que tuvo acceso este periódico- se dirigía en primer lugar contra el antiguo cargo de la entidad por el supuesto cobro de comisiones ilícitas a los proveedores del club. 

Según relataba el representante del Club, con la llegada de la nueva directiva se encargó una auditoría y una revisión de los precios y servicios de los proveedores que parecía estar "fuera de mercado". El nuevo director de Operaciones y Compras -continuaba la denuncia- se reunió con las empresas y algunas de ellas "le confesaron que el Sr. González Segura (en alusión a Ángel) incrementaba los precios, aproximadamente en un 20%, cantidades que luego le abonaban a él como comisiones". 

El Granada CF llegó a citar en su escrito a cuatro empresas granadinas para que la Policía y el Juzgado pudieran hacer sus propias averiguaciones, lo que no ha trascendido que llegara a efectuarse antes del archivo judicial. Como telón de fondo de toda esta controversia, diversas fuentes señalaron entonces la obra de la Ciudad Deportiva del Granada CF, que se ha desarrollado durante años, con diversos parones, y de la que González Segura fue su principal responsable.

Ángel González Segura, en una visita a las obras de la ciudad deportiva del Granada CF

Fútbol y contratos de construcción

En el marco de las diligencias ordenadas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) ahora en el caso Rubiales, la UCO ha recabado información y documentación en el Ayuntamiento de Sevilla y en el estadio por la relación de la constructora Gruconsa, elegida para las obras en La Cartuja y de la que es representante Ángel González Segura.

La Sociedad Estadio de La Cartuja, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, invirtió en su día tres millones de euros en cerca de una treintena de actuaciones para adecuar la instalación para los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 tras el no de Bilbao a acogerlos, choques por los que la UEFA abonó 800.000 euros, 200.000 por cada uno.

La obras se emprendieron tras un acuerdo suscrito por la sociedad que gestiona el estadio y la RFEF presidida por Luis Rubiales para que la instalación sevillana acogiera la mayor parte de los encuentros oficiales de la selección española tanto masculina como femenina y las finales de la Copa del Rey, la última de ellas la de esta temporada entre el Athletic y el Mallorca el próximo 6 de abril.